Al menos 13 medios de comunicación fueron notificados ante la Justicia el jueves reciente, con el motivo de conocer los nombres de los periodistas que realizaron las notas de prensa relacionados al caso de Jhasmani Torrico. Ante esa situación la Defensoría del Pueblo expresó este viernes su preocupación y exhortó a los jueces a revisar las normas que protegen la labor de la prensa.
“Este tipo de actos se constituyen en medios de amedrentamiento para este sector fundamental de la sociedad boliviana y, por lo tanto, en un medio indirecto de limitación a la libertad de expresión”, aseveró la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz en una nota de prensa difundida este viernes.
Cruz recordó a las autoridades del Órgano Judicial que todas las peticiones realizadas dentro de los procesos penales en las que se encuentren inmersos los trabajadores por hechos o actos desarrollados durante su labor periodística, deben enmarcarse en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Así también, la Justicia debe guiarse en las previsiones contenidas en la Constitución Política del Estado (CPE) referentes a la comunicación social e información, indicó.
“Se exhorta a las autoridades penales a realizar un análisis pormenorizado de los estándares de protección a los trabajadores de la prensa y al trabajo de los medios de comunicación antes de emitir conminatorias sobre otorgación de información”, afirmó Cruz.
El artículo 107, parágrafo II de la CPE señala que la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad.
Por lo tanto, cuando se trata de casos de transgresión de estos principios por parte de los medios, la instancia para su verificación se concentra en las propias organizaciones de periodistas y medios de comunicación que verificarán el cumplimiento de los principios mediante normas de ética y autorregulación.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el Principio N° 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, establece la prohibición de intimidación o amenaza en contra de todo comunicador social, ratificó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
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