Una mujer de 34 años denunció este martes que el viernes 19 de febrero perdió al bebé de cuatro meses de gestación porque se le negó asistencia en varios centros médicos de la ciudad de Santa Cruz. Esto debido al paro acatado por un sector de galenos en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria.
La mujer dijo que el bebé falleció en su vientre y que fue a varios centros de salud, pero que se le negó la atención.
“Tengo un embarazo de casi cuatro meses y el bebé se me ha muerto en la barriga. He ido a los centros de salud que hay cerca de los barrios, pero no me han querido atender”, señaló durante una entrevista en radio Patria Nueva.
La gestante, identificada como Liz Cuéllar, explicó que tuvo que recurrir a sus amigas para que le colaboren debido a su situación de alto riesgo y que una vecina la llevó a un centro médico con fines solidarios para que reciba la asistencia requerida.
El representante de la Defensoría del Pueblo, Carlos Lara aseveró que se pedirá un informe a los centros de salud a los que acudió la mujer para conocer mejor los hechos.
“Por el tema del paro que se estaba cumpliendo se trasladó (la mujer embarazada) a una entidad privada en el Plan Tres Mil y allí le pidieron radiografías y otros estudios, para lo cual no contaba con el dinero. Fue a otra clínica privada y el argumento que le dijeron para no atenderla fue que no atendían por el problema del Covid-19”, explicó Lara.
La mujer pidió en primera instancia ser atendida en el Centro Médico Fe y Alegría, donde le negaron la atención por falta del Seguro Universal Materno Infantil (Sumi) y porque no contaba con una prueba de embarazo.
“Pero estos trámites, en situaciones normales donde los administrativos trabajan, se subsanan en el acto y son atendidos”, señaló Lara.
Al respecto, el vocero Presidencia Jorge Richter, lamentó profundamente la pérdida de la mujer y justificó la Ley de Emergencia Sanitaria.
“Hay escenas que son inadmisibles para el gobierno. No estamos viviendo un momento normal, ésta es una etapa y tiempo de excepción marcada por la pandemia que no se había vivido por ningún boliviano antes, y ante esta crisis se necesita una estructura jurídica administrativa que permita reaccionar al gobierno de forma rápida”, manifestó.
El fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, dijo que el caso tiene que ser investigado y pedirá un informe al personal del Ministerio Público en el Plan Tres Mil y a la Estación Policial Integral Nro. 3.
“Así se podría ver diferentes tipos penales. No queremos ser irresponsables en adelantarnos, pero sí lo vamos a investigar hoy mismo”, aseveró, según la Agencia Boliviana de Información.
Por otra parte, mientras en algunos centros médicos públicos se acata el paro, clínicas privadas continúan brindando atención normal en medio de denuncias de cobros excesivos.
Como es el caso del hijo de una mujer con Covid-19, Iván Ramírez, denunció que su progenitora está hace nueve días internada en un centro médico privado y tiene que pagar 2.500 bolivianos por jornada, sin contar el costo de los medicamentos.
“Debo arriba de 20.000, 22.500 bolivianos”, dijo.
El joven indicó que la única buena noticia que recibió es que su madre se recuperó de los efectos del Covid-19 y se está restableciendo de una neumonía.
“Gracias a Dios, ya mañana sale”, enfatizó.
Ya han pasado semanas desde que el Gobierno y el sector de salud no llegan a un acuerdo con lo que respecta la Ley de Emergencia Sanitaria.
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