El Movimiento Al Socialismo (MAS), prevé aprobar el viernes 12 de febrero, en una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), un Decreto Presidencial de Concesión de Amnistía e Indulto por “razones humanitarias y perseguidos políticos” que beneficiará al menos 1.200 personas procesadas durante el gobierno de Jeanine Áñez, entre ellas el expresidente Evo Morales. Las personas fueron denunciadas por diversos delitos como instigación a la violencia, terrorismo y destrozo de bienes públicos.
El diputado del Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados, Daniel Rojas, confirmó que la sesión se realizará el viernes a las 08:30 horas, “Se está haciendo con el fin de que más de 1.000 o 1.200 personas que fueron afectadas en el anterior régimen sean puestas en libertad y libres de proceso”, declaró a la Agencia de Noticia Fides.
El medio accedió al documento del Decreto presidencial
En el artículo cinco del documento precisa que se beneficiarán con la amnistía, “las personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro de la crisis política institucional del Estado, acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020″.
En la parte considerativa señala que si bien los delitos cometidos pueden ser considerados como delitos penales, no obstante, por las características y antecedentes respecto al móvil, “que impulsó estas acciones, resulta evidente que los mismos no respondían a la intención de cometer una infracción, más al contrario expresaba una protesta social en defensa de la democracia…”, indica parte del documento.
El diputado resaltó estas consideraciones y precisó que todos los procesos iniciados durante el Gobierno transitorio de Áñez han sido caracterizados como “persecución política”, por lo tanto, dijo que amerita que se apoye el decreto presidencial de amnistía por razones humanitarias para todos los “presos políticos”.
Rojas argumentó que los movimientos sociales tienen la práctica de las movilizaciones, pero que durante el gobierno “de facto” los dirigentes o líderes de las protestas fueron detenidos y que ahora varios están en la cárcel, o tienen detención domiciliaria, pero no gozan de plena libertad.
La norma tiene dos objetivos, por un lado indultar a personas que están privadas de libertad para descongestionar las cárceles, principalmente para resguardar la salud de los internos que están en riesgo por el coronavirus. Posteriormente, restablecer los derechos civiles y políticos de quienes participaron en la crisis política entre 2019 y 2020.
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