En los penales de Bolivia existen 171 presos que continúan tras las rejas, pese a que ya cumplieron sus condenas. Este grupo contribuye a las elevadas cifras de hacinamiento carcelario, que registra muchedumbres que superan el 300% de la capacidad.
Ante ello, el Gobierno proyectó bajar esos niveles con medidas progresivas que comenzarán con la agilización de trámites y procedimientos judiciales para lograr que estos 171 reclusos recuperen su libertad, ya que cumplieron con el castigo impuesto por la sociedad por los delitos que cometieron.
“Vamos a comenzar a liberar a 171 presos que han cumplido sentencia y que todavía están dentro de la cárcel. Tienen sentencia y están dentro de la cárcel, eso es ilegal. No pueden estar ahí. Estamos haciendo todos los trámites para que salgan, sin que eso les cueste ningún recurso, ningún esfuerzo, ni contratar abogados para los presos”, anunció el viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas.
Explicó que no salen porque no pueden cumplir con temas administrativos que tienen que gestionar fuera del penal con un abogado.
Dijo que Defensa Pública debería hacer esos trámites, por lo que anunció un encuentro con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, “para que antes de fin de año podamos sacar a estas personas”.
Rodas señaló que otro grupo con el que se trabajará en lo inmediato para bajar los niveles de hacinamiento es el que comprende a los beneficiarios del decreto de indulto (para los que tienen sentencia) y amnistía (para los que están en proceso), que comprende a reclusos de la tercera edad o a los que parecen enfermedades crónicas de base.
En ese sentido, se trabaja en ajustar al decreto de amnistía con la finalidad de beneficiar al menos a 2.000 privados de libertad.
Explicó que la proyección era que se beneficien 2.500 reclusos, pero solo lo hicieron 700. Anunció ajustes al decreto para que el alcance de la amnistía sea mayor en el tipo de delitos, pero además el Estado se haga cargo de los exámenes para los enfermos crónicos. Consideró que unos 2.000 reclusos podrían ser beneficiados en los primeros meses del próximo año.
“El decreto que planteamos ahora, primero es que abra un poco más el grupo etario, que no lo reduzca a la tercera edad, y, segundo, que amplía un poco más el número de delitos. Estamos siendo cuidadosos con los delitos que representan alta peligrosidad para la sociedad. Además, estamos aplicando responsabilidad del Estado en el procedimiento”, explicó en una declaración para red UNO.
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