Mediante un comunicado, el Gobierno Nacional, informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se derogó la disposición única del Decreto Supremo 4231 que disponía que las personas que difundan información que afecte a la salud pública, generando incertidumbre, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal.
Tras varias críticas de gremios de la prensa boliviana y por parte de organismos internacionales que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión, la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, mediante un mensaje en Twitter dio a conocer la decisión que asumió el Gobierno de derogar parte del decreto 4231.
“La Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la OEA comunico a la CIDH que el gobierno de Bolivia deroga la disposición adicional única del Decreto supremo N 4213 de 7 de mayo de 2020 y anteriores disposiciones”, manifestó Fernández, adjuntando al mensaje el comunicado enviado a la CIDH.
El comunicado indica que se derogó la disposición adicional única del Decreto Supremo 4231, del 7 de mayo de 2020, el parágrafo II del artículo 13 del Decreto Supremo 4200, del 25 de mayo y el parágrafo II del artículo 7 del Decreto Supremo 4199, del 21 de marzo del 2020.
“A solicitud de organizaciones de DDHH y medios de comunicación, hemos derogado los artículos de decretos que creaba susceptibilidad sobre libertad de prensa. Respetamos y defendemos la libertad, así como defendemos y respetamos la democracia”, escribió en su cuenta en Twitter, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
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