«No es un proceso justo, pero es legal», con esa frase uno de los miembros del Tribunal de Imprenta de Oruro, Zenobio Calizaya Velásquez se refirió a las Elecciones Generales 2019, en la que los bolivianos participarán con la misión de elegir a sus autoridades nacionales, presidente, vicepresidente, senadores y diputados uninominales, plurinacionales, supraestatales y especiales.
En el análisis, el abogado de profesión, señaló que la población se manifestó que no es posible la reelección indefinida del actual mandatario, porque se actúa en función de lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en su momento, se pronunció que habría una vulneración de un derecho de carácter político. Al restringir este derecho se dio «luz verde», para que participe en estas elecciones el actual mandatario.
«Partamos de una cuestión, si debería sobreponerse la voluntad popular sobre un Tribunal de carácter constitucional, eso no lo podremos resolver ahora. Se ha ido debatiendo durante mucho tiempo, el pueblo se ha manifestado en un Referéndum el 21 de febrero, que no va una reelección; pero el TCP, que es un tribunal de cierre, es decir que no hay otro superior a nivel del país, ha señalado lo contrario», dijo.
Argumentó que la decisión del TCP se impone jurídicamente al voto popular, aunque no justamente. Esa situación deriva a dos conceptos clásicos del Derecho, como es la legalidad y lo que es la justicia.
«Desde mi punto de vista y lo digo como una persona particular, un ciudadano de a pie, éste proceso electoral en la que se ha admitido la postulación de los actuales mandatarios no es un proceso justo estrictamente, porque ya la voluntad popular expresó lo contrario, pero resulta siendo un acto legal porque el TCP ha permitido esta elección de las personas que en justicia no deberían estarlo», manifestó.
Lo justo no solo va con el respeto estricto de la Ley, lo justo tiene que ver con que se pueda dar respuesta con una inquietud, a un problema desde la perspectiva de lo racional, de lo correcto, de lo ético. En cambio, lo legal implica someterse al «imperio de la ley», sin que interese si se afectan otros derechos.