Los vecinos que han sido adjudicatarios de metros lineales en la Avenida 6 de Agosto han establecido un precio base de 30 bolivianos por asiento para el Último Convite del Carnaval de Oruro. Esta decisión fue tomada durante un ampliado que se llevó a cabo en las últimas horas, en medio de la controversia generada por la Ley Municipal 366. Esta ley regula el uso y la comercialización de asientos y graderías durante la festividad.
El acuerdo fue adoptado por los vecinos como una medida consensuada para afrontar los costos que implica el armado de graderías. También se tomó en cuenta las versiones que indicaban que el acceso sería gratuito, lo cual fue rechazado por los adjudicatarios de la zona.
Declaraciones del dirigente vecinal
Adolfo Gutiérrez, presidente de la Junta Vecinal 6 de Agosto, afirmó que el precio acordado no tiene un propósito especulativo, sino que responde a la necesidad de cubrir gastos reales. “Ayer miércoles, en un ampliado grande, se ha determinado que se va a cobrar como precio base 30 bolivianos. No va a ser gratis, porque en esta vida nada es gratis”, expresó.
Gutiérrez explicó que los vecinos deben pagar más de 1,000 bolivianos por metro lineal, además de los costos de armado de graderías, que este año han aumentado hasta 2,000 bolivianos por metro lineal. A esto se suman otros gastos como el recojo de basura, que varía entre 140 y 160 bolivianos, así como pagos por seguridad, baños, agua, transporte y cumplimiento de exigencias técnicas.
Trabajo y esfuerzo de los vecinos
El dirigente vecinal también destacó el esfuerzo de los vecinos, quienes en muchos casos trabajan más de 8 horas diarias para cumplir con los plazos establecidos por el municipio. “Hay gente que ha amanecido trabajando para cumplir con las normas y fechas fatales”, sostuvo.
Gutiérrez cuestionó las versiones que indican cobros de hasta 150 bolivianos por asiento durante el Último Convite. Aseguró que si existen esos casos, deben ser identificados y sancionados. “Si hay publicaciones que muestran esos montos, es fácil identificar a los responsables. Las autoridades tienen el mapa de los adjudicatarios”, indicó, añadiendo que los vecinos están dispuestos a someterse a controles.
Estimaciones sobre la venta de asientos
Según las estimaciones de la junta vecinal, cerca de la mitad de las graderías ya habría sido vendida, aunque aseguraron que se hizo dentro de márgenes razonables y acordes a los costos asumidos.
Deslinde de responsabilidades
En la misma jornada, los vecinos enviaron dos cartas a la Alcaldía y al Concejo Municipal, expresando su posición respecto a la normativa. En estas cartas, exigieron un deslinde total de responsabilidad civil y penal ante cualquier accidente que pudiera ocurrir en las graderías, señalando que la fiscalización técnica y la seguridad estructural son competencia de la Municipalidad.
Además, solicitaron garantías por posibles daños a fachadas y estructuras de viviendas, pidiendo que el municipio establezca mecanismos claros de reparación ante cualquier afectación ocasionada por el armado de graderías.
Solicitud de reconsideración de la ley
En otra nota, los adjudicatarios presentaron una solicitud de reconsideración a la ley, argumentando que la normativa fue aprobada sin una socialización amplia. Aseguran que esto podría afectar la seguridad jurídica y la inversión privada realizada por los vecinos, además de poner en riesgo la sostenibilidad económica del Carnaval.
A pesar de las observaciones, la Ley Municipal 366, que regula el uso y comercialización de asientos y graderías, ya ha sido promulgada y publicada en la Gaceta Municipal.
Contenido de la ley
La norma prohíbe expresamente la venta de asientos y graderías durante el Último Convite y el Anata Andino. También establece controles, sanciones y la obligación de fijar precios oficiales para el Sábado de Peregrinación y el Domingo de Carnaval, con el objetivo de evitar la reventa y la especulación.
Este escenario abre un nuevo capítulo de tensión entre los vecinos adjudicatarios y las autoridades municipales, a pocos días del Último Convite, mientras se espera la reglamentación y la aplicación efectiva de la ley en el recorrido del Carnaval.
