Los hijos de los 22 militares que están implicados en la toma de la Plaza Murillo, un evento que tuvo lugar en junio de 2024 y que se conoce como el “Zuñigazo”, han perdido sus becas de estudio en la Unidad Educativa del Ejército “La Paz”.
Esta situación se debe a las bajas definitivas que fueron tramitadas por el gobierno de Luis Arce en agosto de 2024. A pesar de que las familias han solicitado la restitución de este beneficio, el Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado en el que no ofrece respaldo directo a los afectados. En cambio, se limita a pedir que las autoridades judiciales aceleren los procesos pendientes.
Reconocimiento de la complejidad
El Ministerio de Defensa, en una nota oficial, ha reconocido la “complejidad” de deslindar los hechos. También admitió que los derechos de terceras personas, en este caso los hijos de los detenidos, se han visto afectados de manera involuntaria. Sin embargo, en lugar de ofrecer una solución administrativa, la institución ha instado a los tribunales a “cumplir estrictamente los plazos establecidos por ley” para garantizar la seguridad jurídica.
Carta interna del Ejército
Por otro lado, una carta interna del Ejército, fechada el 2 de febrero de 2025 y firmada por el coronel Aldo Juaquin Bosque, confirmó que los menores ya no cumplen con los requisitos reglamentarios para acceder a las becas. Esto se debe a la situación profesional de sus padres. Como medida paliativa, la institución militar ha indicado que los hijos solo podrán mantener el beneficio del “descuento previsto para hijos del personal militar”, pero no la gratuidad o los beneficios de las becas que habían solicitado anteriormente.
Origen del caso
El origen de este caso se remonta al 26 de junio de 2024, cuando el general Juan José Zúñiga lideró una movilización armada. Los militares implicados han declarado que desconocían el trasfondo de la operación y que simplemente obedecieron órdenes superiores.
Tras las bajas definitivas dictadas en agosto de ese año, los uniformados perdieron su estatus activo y, con ello, los privilegios sociales para sus familias. A pesar de esto, la mayoría sostiene su inocencia y denuncia que hay una conspiración política en su contra.
Estado del proceso judicial
A casi 2 años de los hechos, el proceso judicial se encuentra paralizado. Aunque la Fiscalía presentó la acusación formal en mayo de 2025, el juicio aún no ha podido iniciarse.
En la actualidad, la mayoría de los 22 militares involucrados se encuentran bajo detención domiciliaria, aunque ya no forman parte de las filas del Ejército. El general Juan José Zúñiga es el único de los acusados que sigue recluido en un centro penitenciario mientras se espera la apertura del debate oral.
