Este jueves, la representante legal del diario Los Tiempos de Cochabamba fue detenida debido a una orden judicial de apremio relacionada con un juicio por pagos pendientes de sueldos y la restitución de derechos laborales que se deben a trabajadores y antiguos empleados del medio.
El problema comenzó en octubre de 2024, poco después de que se cambiara la propiedad del periódico. Según la querella presentada, la nueva dirección se negó a abonar prestaciones sociales a colaboradores que pasaron a un nuevo esquema contractual, así como a aquellos que abandonaron la empresa. Además, el diario acumuló deudas con la entidad de salud y la Gestora encargada de algunos trámites laborales.
Desarrollo del proceso judicial
En la primera etapa del proceso, en junio de 2025, el Ministerio de Trabajo admitió la demanda interpuesta y ordenó que la empresa pagara lo que debía a los trabajadores. Sin embargo, la dirección del medio cochabambino no cumplió con esta disposición, por lo que el caso, impulsado por 15 personas, continuó su curso legal. Tras varias impugnaciones y recursos de apelación por parte de la empresa, el juzgado a cargo dictaminó la detención de la representante legal.
La medida se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba; G.R.V.M. fue trasladada al penal femenino San Sebastián. Los antiguos empleados indican que este no es el único proceso en curso, ya que existen otras demandas presentadas por un grupo de 8 trabajadores cesantes y varios juicios individuales.
Apoyo de asociaciones de periodistas
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Cochabamba (APC) han manifestado su total apoyo y solidaridad con los periodistas y trabajadores de Los Tiempos, quienes desde hace varios años sufren una importante vulneración de sus derechos laborales. Esto es especialmente evidente en lo que respecta a la paga justa y oportuna, la estabilidad en el empleo y la protección que establece la Ley General del Trabajo.
Orden de apremio judicial
De acuerdo con la orden de apremio expedida por el Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social N° 4 de Cochabamba, dirigida a la Empresa Editorial Canelas S.A., las acciones coercitivas se deben a los salarios adeudados a periodistas y trabajadores del medio. Esto demuestra de manera contundente que la empresa ha incumplido de forma sistemática sus obligaciones laborales.
Esta situación no solo impacta a los demandantes de este juicio en particular, sino que afecta a más de 100 periodistas y trabajadores del diario. Sus derechos a un empleo digno, a la remuneración correspondiente, a la seguridad social y a otros beneficios han sido vulnerados de manera constante. La precarización del trabajo en un medio de comunicación tan relevante no solo significa una injusticia para quienes lo ejercen, sino que también representa una amenaza para la libertad de prensa y para la democracia misma.
Exigencias a la empresa
Las asociaciones han exigido a la Empresa Editorial Canelas S.A. que cumpla de inmediato y en su totalidad con la Ley General del Trabajo, con las resoluciones judiciales y con todas las obligaciones laborales pendientes. También han pedido a las autoridades judiciales y administrativas competentes que garanticen la aplicación efectiva de las resoluciones emitidas y la restitución completa de los derechos laborales que han sido vulnerados.
Derechos laborales innegociables
La normativa está clara al establecer que los derechos laborales no pueden ser renunciados, por lo que no existe justificación para que la empresa evite su responsabilidad. Se solicita que todos los procesos judiciales se desarrollen con transparencia y celeridad, acatando el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho a una justicia rápida y sin demoras. Esta es una expectativa muy importante para quienes han sido afectados.
La protección de los derechos laborales de los periodistas y trabajadores de la prensa es un requisito fundamental para que exista un periodismo libre, ético y comprometido con la sociedad.
