El viceministro de Transparencia y Seguridad Jurídica, Yamil García, ha denunciado que ha recibido amenazas explícitas a través de redes sociales. Estas amenazas provienen de personas relacionadas con la expresidente de la Aduana Nacional de Bolivia, Karina Serrudo.
García ha vinculado estos amedrentamientos a un “esquema poderoso” que busca obstaculizar las investigaciones sobre presuntas irregularidades y sobreprecios en la compra de terrenos y la construcción de oficinas en la ciudad de Tarija.
Investigación sobre terrenos
La investigación principal se centra en la compra de un terreno por el que la Aduana Nacional pagó 2,7 millones de bolivianos. Sin embargo, un avalúo realizado por la misma entidad en 2022 estableció que el valor real era de solo 1,4 millones de bolivianos.
García ha calificado esta diferencia como un evidente sobreprecio que afecta los recursos públicos de los bolivianos. A pesar de las amenazas recibidas, el Ministerio de Justicia ha asegurado que no cesará en sus acciones legales.
Anomalías en la adjudicación
Además de la compra del terreno, la auditoría estatal ha detectado irregularidades en la adjudicación de la infraestructura. Según informó el viceministro, se han identificado contratos modificatorios sospechosos que benefician a la empresa constructora.
Por ejemplo, se autorizó la reducción del espesor de los vidrios del edificio de 10 a 6 milímetros. Paradójicamente, esta reducción de calidad resultó en un incremento del costo final de la obra.
Limitaciones de la investigación
García ha aclarado que las pesquisas se centran exclusivamente en la gestión de contrataciones y la administración de bienes del Estado. Se ha descartado cualquier injerencia en la vida privada de la exejecutiva Serrudo.
La autoridad ha enfatizado que estas acciones judiciales son necesarias para desmantelar estructuras de corrupción que manipulan órdenes de cambio y documentos contractuales para beneficio personal.
Reportes de amenazas digitales
Finalmente, el viceministro ha reiterado que las amenazas digitales serán reportadas ante las instancias correspondientes. Esto se considera un peligro de obstaculización a la justicia.
La investigación continúa en curso para determinar las responsabilidades penales de los funcionarios y empresarios involucrados en el manejo de estos fondos destinados a la Aduana en el departamento de Tarija.
