La justicia boliviana ha tomado una decisión firme al dictar sentencias de cumplimiento inmediato para dos hombres en Tarija. Estos individuos fueron hallados culpables de delitos graves de violencia sexual y pornografía en contra de dos mujeres.
Erwin N. T. ha sido condenado a 20 años de prisión, mientras que Sandro Q. A. deberá cumplir una pena de diez años. Ambos hombres han sido trasladados al Centro de Readaptación Productiva El Palmar para cumplir con sus respectivas condenas.
Pruebas presentadas por la Fiscalía
Para alcanzar este resultado, la Fiscalía de Tarija presentó un conjunto de pruebas contundentes. Estas incluyeron certificados médicos, informes psicológicos de las víctimas y peritajes informáticos. Según el Fiscal Departamental José Ernesto Mogro, estos elementos fueron cruciales para que los jueces no tuvieran dudas sobre la autoría de los crímenes durante las audiencias de juicio oral.
Detalles del primer caso
El primer caso, que resultó en la condena más severa, ocurrió en una comunidad de Yacuiba. El agresor, Erwin, aprovechó la tranquilidad de la noche para ingresar a la habitación de una mujer de 31 años que sufre de una discapacidad intelectual grave. Después de abusar sexualmente de ella, el sujeto huyó del lugar, pero fue denunciado por el hermano de la víctima, lo que dio inicio al proceso legal que hoy lo deja tras las rejas por 20 años.
Descripción del segundo hecho
El segundo incidente se registró cuando Sandro utilizó un engaño para vulnerar la intimidad de una mujer de 39 años. Este hombre simuló que su vehículo tenía problemas mecánicos y pidió ayuda a la víctima, quien caminaba junto a su pareja. Bajo la excusa de revisar los controles del auto, logró que ella se sentara en el vehículo. En ese momento, la mujer descubrió un celular oculto en la guantera que grababa sus partes íntimas con el flash encendido.
Denuncia y pruebas digitales
Gracias a la denuncia inmediata y a las investigaciones digitales, se logró probar el delito de pornografía. Este caso resalta la importancia de la denuncia y la eficacia de las pruebas digitales en la lucha contra la violencia de género.
