La diputada Adriana Jiménez ha presentado 20 conminatorias al Órgano Ejecutivo debido a la falta de respuesta a 30 Peticiones de Informe Escrito. Estas peticiones se centran en la nómina de personal y los niveles salariales en la administración central del Estado, así como en empresas descentralizadas y autárquicas. Jiménez ha cuestionado las diferencias salariales en un contexto de crisis económica y ha denunciado la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Falta de respuesta del Ejecutivo
El procedimiento habitual indica que, una vez que las peticiones de informe son despachadas desde la Cámara de Diputados, se canalizan al Viceministerio de Coordinación Legislativa. Luego, estas solicitudes son enviadas al Presidente del Estado y, posteriormente, a los ministerios correspondientes. Sin embargo, Jiménez ha afirmado que desde noviembre de 2022 no ha recibido respuesta a ninguna de sus solicitudes.
Denuncias de corrupción
“Creo que se está tratando de encubrir a funcionarios del Movimiento Al Socialismo que aún siguen trabajando. Es bien sabido que se han cortado las cabezas, pero no se han cortado las raíces podridas que han generado hechos de corrupción comprobados en empresas estratégicas. Estas empresas todavía funcionan como caja chica de funcionarios puestos a dedo”, declaró la diputada en una reciente conferencia de prensa.
Diferencias salariales inaceptables
Jiménez considera que las diferencias salariales son una falta de respeto, especialmente en un contexto de crisis económica. Muchas familias sobreviven con ingresos de alrededor de 3,300 bolivianos mensuales. En este sentido, cuestionó que el Estado continúe pagando salarios elevados a funcionarios designados de manera discrecional. “Todos debemos ajustarnos el cinturón, sobre todo quienes gozan de jugosos salarios en cargos puestos a dedo: el mejor amigo, el cuñado, el primo o el compadre”, afirmó.
Propuesta de ley de austeridad
La legisladora ha expresado que le resulta sorprendente que el Ejecutivo oculte información con el aparente objetivo de proteger a funcionarios vinculados al MAS. Según su denuncia, estos funcionarios siguen lucrando con recursos públicos sin generar beneficios para el país. Como consecuencia de esta situación, Jiménez, de la alianza Libre, ha presentado un Proyecto de Ley de Austeridad y Racionalización Salarial. Este proyecto busca garantizar un uso responsable de los recursos públicos.
Regulación salarial para funcionarios
La propuesta tiene como objetivo reforzar el cumplimiento del Decreto Supremo N.º 28609, que establece que ningún funcionario público debe recibir un salario superior al del presidente del Estado. Jiménez ha denunciado que existen directores, jefes y gerentes que perciben sueldos de entre 40,000 y 50,000 bolivianos mensuales. Además, hay consultorías que alcanzan los 250,000 bolivianos al mes, como en el caso de la Planta de Urea y Amoniaco.
El proyecto de ley deberá ser tratado en comisión, donde se analizará su viabilidad. Sin embargo, su tratamiento dependerá de la mayoría oficialista, que controla las comisiones económicas clave de la Cámara de Diputados.
A B C M
