El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) ha denunciado que durante el Gobierno de Luis Arce Catacora se habría establecido un esquema de malversación de fondos en la planta de cemento de Ecebol, ubicada en Potosí. Esto se habría llevado a cabo a través de un presunto sistema de contrataciones irregulares y el uso indebido de recursos públicos que estaban destinados a la inversión.
Irregularidades en contrataciones
Según un reporte institucional, en la gestión 2023 se identificaron irregularidades administrativas severas. El manual de cargos especificaba que se podía contratar un máximo de 15 personas para la etapa de transición. Sin embargo, se incorporaron cerca de 80 trabajadores, superando ampliamente lo permitido.
Denuncia de toma ilegal
En este contexto, el gerente general del Sedem, Roberto Justiniano, denunció que un grupo de personas había tomado ilegalmente la planta. Estos individuos tenían contratos eventuales que concluyeron el 31 de diciembre de 2025. La autoridad explicó que el conflicto actual se origina en el manejo irresponsable de los recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), que son fondos del Tesoro General de la Nación (TGN) destinados exclusivamente a la construcción y la implementación tecnológica de la factoría.
Uso indebido de recursos
De acuerdo con la denuncia, se habrían pagado salarios a personal que debía operar maquinaria que aún estaba en proceso de ensamblaje e instalación. Además, se utilizó capital de inversión para gastos corrientes, lo cual está expresamente prohibido por la normativa vigente. Justiniano enfatizó que “el préstamo del Finpro es para comprar maquinaria y levantar infraestructura, no para pagar sueldos”, advirtiendo que exautoridades habrían desviado recursos para planillas operativas de una planta que todavía no estaba en funcionamiento.
Reacción del gobierno<
Asimismo, la autoridad señaló que quienes actualmente mantienen la toma de la planta eran conscientes del carácter eventual de su relación laboral y de la fecha de conclusión de sus contratos. Subrayó que no se puede mantener un modelo de financiamiento irregular que consume recursos del Estado antes de iniciar la producción.
Acciones legales en camino
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua anunció que no cederá ante presiones que busquen perpetuar la ilegalidad. Confirmó que se iniciarán acciones legales contra las exautoridades responsables de las contrataciones fuera de norma. “El Gobierno está enfocado en trabajar en una fábrica que genere utilidades para Potosí, no una agencia de empleos políticos. La ley se cumple y el patrimonio del Estado se defiende”, concluyó Justiniano, al exhortar a los movilizados a deponer estas medidas.
