El asesinato del dirigente político Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero en la avenida Domingo Paz, en Tarija, sigue sin esclarecerse casi tres semanas después del crimen. Los autores intelectuales del asesinato aún se encuentran prófugos, mientras que las autoridades han realizado dos aprehensiones.
Aramayo, quien había confirmado su candidatura como primer concejal por Patria un día antes de su muerte, fue atacado por dos ocupantes de una motocicleta que le dispararon en varias ocasiones.
Autores intelectuales prófugos
A pesar de que las autoridades aseguran tener plenamente identificados a los autores intelectuales, parte de la información relacionada con la investigación permanece bajo reserva. La principal hipótesis sobre el móvil del crimen sugiere una “pugna de poder” vinculada a organizaciones criminales dedicadas al contrabando y otros delitos. Esta reserva ha generado múltiples especulaciones sobre los detalles de la muerte de Aramayo.
Trayectoria de Aramayo
Juan Mauricio Aramayo comenzó su carrera como dirigente vecinal en el barrio La Loma. Posteriormente, se acercó al presidente Rodrigo Paz Pereira y respaldó su proyecto político. Inició su trayectoria como chofer, se convirtió en una pieza clave de la campaña presidencial y asumió brevemente la jefatura del Senasag. Renunció días antes de Navidad para enfocarse en su postulación en las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo.
Detalles del crimen
La noche del 8 de enero de 2026, minutos antes de las 21:00 horas, el vehículo que conducía Aramayo fue interceptado por una motocicleta con dos ocupantes. Uno de ellos manejaba mientras el otro disparó en reiteradas ocasiones contra él. Aunque recibió auxilio de inmediato, llegó sin signos vitales al área de Emergencias. Debido a su perfil político, el hecho generó repercusión nacional casi de manera inmediata.
Hasta ahora, se han concretado dos aprehensiones: la del ciudadano uruguayo M. A. C. E., señalado como autor material de los disparos, y la de C. A. R. P., un ciudadano boliviano que habría facilitado la huida del sicario. Ambos fueron capturados el viernes por la noche en Entre Ríos cuando se dirigían hacia Yacuiba, y el domingo 11 de enero se dispuso su detención preventiva.
Identificación de los autores
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó hace más de una semana que los autores intelectuales ya fueron identificados e incluso los exhortó públicamente a entregarse, pero no ha habido resultados. De manera extraoficial, se maneja la versión de que podrían haber salido del país. Mariaca ratificó que la hipótesis central se relaciona con disputas entre organizaciones criminales dedicadas al contrabando y otros ilícitos.
Detrás del asesinato estaría un sujeto que reside en Yacuiba y presuntamente se dedica a actividades ilegales junto a su esposa, quienes se encuentran prófugos. Cuando la Policía y la Fiscalía allanaron su domicilio el sábado 10 de enero, el hijastro informó que ambos “estaban de viaje”. Esto alimenta la hipótesis de que abandonaron el país tras el crimen o incluso antes.
Avances en la investigación
Sin mayores avances, el Ministerio Público confirmó esta semana la identificación del conductor de la motocicleta; sin embargo, su paradero continúa siendo desconocido. Las autoridades mencionan “varias” órdenes de aprehensión pendientes, que serían al menos 3.
Desde el Gobierno se sostiene que Aramayo habría sido amenazado y asesinado por negarse a aceptar sobornos durante su paso por el Senasag. Sin embargo, esta versión genera interrogantes sobre por qué no denunció las amenazas ni solicitó protección.
Propuestas de fiscalización
Por el momento, la comisión investigadora mantiene cautela y señala posibles pugnas entre estructuras criminales vinculadas al contrabando respecto al control ejercido —o no— por el Senasag. Lo que aún no se ha establecido oficialmente es el rol específico que cumplía Aramayo dentro de esa institución.
En este contexto, el diputado Rolando Pacheco llegó a Tarija para proponer que dicha instancia fiscalice el avance del proceso. Entre las acciones previstas figuran solicitudes de informe a la Policía, Fiscalía y Ministerio de Gobierno, además de inspecciones a puntos clave como las oficinas del Senasag y el penal Morros Blancos, donde se entrevistaría a los detenidos preventivos.
Una vez concluidas las verificaciones, la Comisión presentaría un informe con los resultados ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
