El proyecto de ley que propone el traslado de las casas de tolerancia ha vuelto a generar controversia en el Concejo Municipal de Oruro. Esto ocurrió después de que el concejal José Flores defendiera la iniciativa, argumentando que responde a una demanda mayoritaria de la población. Sin embargo, un grupo de trabajadoras sexuales ha denunciado la falta de socialización del proyecto, así como presuntos intereses económicos y la vulneración de sus derechos.
Declaraciones del concejal Flores
Durante una conferencia de prensa, el concejal Flores destacó que el tema es sensible y que hay grupos económicos que intentan desprestigiar al Concejo Municipal. “Es un tema delicado, la población en su conjunto está pidiendo el traslado, pero hay grupos que vienen a acusarnos, a insultarnos y a denigrar al Concejo. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde, lo que la mayoría de la población dice”, afirmó.
Flores también reconoció que el traslado de las casas de tolerancia debe ser un proceso consensuado. Sostuvo que el Ejecutivo municipal debió haber iniciado un diálogo previo con las personas involucradas. “Hemos ido a visitar el lugar y lo que observamos es que el Ejecutivo tendría que haber consensuado con las personas. El traslado implica consenso y nosotros estamos exigiendo que el Ejecutivo cumpla con su deber”, agregó. Además, indicó que será el Pleno del Concejo quien defina la situación del proyecto.
Reacción de las trabajadoras sexuales
En medio de las declaraciones del concejal, un grupo de trabajadoras sexuales lo increpó públicamente. Lo acusaron de impulsar el traslado hacia un sector que, según denunciaron, no reúne las condiciones básicas y estaría vinculado a intereses particulares. “No vamos a ir donde él quiere, donde él tiene sus lotes. No vamos a permitir que nos lleven a un lugar sin alcantarillado, sin luz, a un lugar infrahumano. Somos humanas”, expresó una de las representantes del sector.
Las trabajadoras sexuales afirmaron que no están en contra del traslado, pero exigieron que este se realice hacia otro sector que cuente con condiciones adecuadas y que se lleve a cabo una socialización previa. Aseguraron que el proyecto de ley no fue socializado con su población y afirmaron tener documentos del Defensor del Pueblo que respaldan esta denuncia.
Proyectos alternativos y falta de respuesta
Asimismo, señalaron que han presentado proyectos de ley alternativos y múltiples notas, incluso ante instancias nacionales, sin recibir respuesta del Gobierno Municipal. Por su parte, Daniela Mendo, representante de la organización Otra Sex, denunció discriminación por parte de las autoridades municipales. Cuestionó la falta de condiciones laborales tras más de 20 años de permanencia en el sector.
“Hace 20 años somos inquilinas y en todo ese tiempo no nos han dado condiciones de trabajo. Ahora que algunos van a ser dueños, ¿creen que sí lo van a hacer?”, reclamó Mendo, reflejando la frustración del sector ante la situación actual.
