El Estado de Bolivia ha logrado un ahorro de 240 millones de dólares en solo 22 días tras la eliminación del subsidio a los combustibles. Esta información fue proporcionada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. Sin embargo, esta medida ha provocado bloqueos de carreteras por parte de diferentes sectores que se oponen a la decisión, lo que ha afectado el abastecimiento y ha incrementado los precios de los alimentos en las ciudades del occidente del país.
Ahorro significativo en 22 días
“Cerca de 240 millones de dólares en 22 días de aplicación. Eso es lo que nos hemos ahorrado en subvención y eso es lo que ahora se puede empezar a destinar a obras públicas, infraestructura, desarrollo”, afirmó la autoridad, refiriéndose al impacto fiscal del Decreto 5503.
Contexto de conflictividad social
Esta declaración se produce en un contexto de creciente conflictividad social en Bolivia. Distintos sectores han activado bloqueos como forma de presión, lo que está generando efectos directos sobre la población. En particular, las ciudades del occidente están experimentando dificultades de abastecimiento y un aumento sostenido en los precios de los alimentos.
Impacto en el transporte y la economía
Mientras el Gobierno resalta el alivio a las finanzas públicas y la posibilidad de redirigir recursos hacia la inversión estatal, los bloqueos han interrumpido el transporte interdepartamental y la cadena de suministro. Esto ha trasladado el costo del conflicto al consumidor final, afectando a muchos ciudadanos.
Consecuencias en los mercados
En los mercados, tanto comerciantes como compradores coinciden en que la escasez y los retrasos logísticos están empujando los precios al alza. Esta situación está golpeando especialmente a los hogares de menores ingresos, quienes son los más vulnerables ante el aumento de los precios.
Reacción de organizaciones sociales
El Ejecutivo nacional sostiene que la eliminación del subsidio es una decisión necesaria para la sostenibilidad económica del país. Argumentan que esta medida evita que el combustible sea desviado al contrabando. Sin embargo, la respuesta de organizaciones sociales como la Central Obrera Bolivia (COB) ha sido de rechazo, sin ofrecer alguna contrapropuesta.
