Por: Wara Braulia Mamani Choquecahuana/periodista LA PATRIA
Durante la última década, las finanzas sostenibles dejaron de ser un concepto marginal para instalarse en el centro del debate financiero global. Bancos, inversionistas y organismos multilaterales coinciden en que el sistema financiero cumple un rol decisivo en la transición hacia economías bajas en carbono, resilientes al cambio climático y socialmente inclusivas.
Bolivia no es ajena a esta tendencia. En los últimos años, el país avanzó en la emisión de bonos verdes y sociales, en la incorporación de créditos con enfoque ambiental y social, y en la adopción de estándares internacionales para medir impactos. Sin embargo, estos avances conviven con una tensión clave: el salto del discurso a la medición real, comparable y verificable de impactos a escala del sistema financiero.
Un avance impulsado desde fuera
Según el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2025, elaborado por el Grupo de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe (GFLAC), Bolivia mejoró su calificación de “Bajo” a “Medio Bajo”, alcanzando 1,3 puntos frente al 1,0 registrado el año anterior.
El informe señala que esta mejora responde principalmente al incremento del financiamiento climático internacional recibido por el país, que pasó del 11% al 27% del total regional. En contraste, los cambios estructurales internos —como regulación financiera climática, integración de riesgos ambientales o alineación productiva— avanzan de forma más lenta. Bolivia progresa más por los recursos que llegan desde fuera que por una transformación profunda de su sistema financiero y productivo, aun altamente dependiente de actividades extractivas.
Créditos verdes, bonos y buenas intenciones
En los últimos años, varias entidades financieras bolivianas incorporaron productos con enfoque sostenible. Bancos como FIE, Ecofuturo y BISA ofrecen créditos ambientales o sostenibles.
Estos avances muestran que la sostenibilidad ya forma parte del lenguaje del sistema financiero boliviano. Sin embargo, el verdadero desafío surge cuando se intenta responder una pregunta central: ¿quién mide realmente el impacto ambiental y social de estos créditos, y bajo qué estándares?
Del discurso a la medición
Una revisión de varios informes de sostenibilidad de los bancos —o de la ausencia de ellos— realizado por LA PATRIA revela un panorama alentador, aunque desigual. Varias entidades comenzaron a medir y reportar impactos con metodologías reconocidas internacionalmente.
Sin embargo, dos instituciones destacan con claridad: el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y BancoSol. El resto del sistema avanza de manera gradual, en muchos casos a la espera de que se consolide la taxonomía nacional.
BDP: bonos verdes y financiamiento con trazabilidad
El Banco de Desarrollo Productivo (BDP-SAM) marcó un hito al emitir el primer bono verde certificado de Bolivia. La emisión fue evaluada por la firma internacional Sustainalytics, que otorgó una “Second Party Opinion” verificando su alineación con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y con el estándar de la Climate Bonds Initiative (CBI), uno de los más exigentes a nivel global.
La certificación garantiza que los recursos captados se destinen exclusivamente a proyectos elegibles —en este caso, energía solar fotovoltaica— y que exista transparencia en el uso de los fondos. No certifica a la institución en su conjunto, sino a la inversión específica, una diferencia clave para entender el alcance real de estos instrumentos.
Además, el BDP opera líneas como Ecoeficiencia BDP y Ventanilla Verde, gestionadas bajo su Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) y mecanismos de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), que permiten cuantificar impactos como reducción de emisiones, eficiencia energética, ahorro de agua y gestión de residuos.
BancoSol: medir la huella completa
BancoSol representa el caso más avanzado en Bolivia en términos de medición climática. Fue la primera entidad financiera del país en medir y compensar no solo su huella de carbono institucional, sino también la de su cartera de créditos, alcanzando en 2025 la carbono neutralidad, según sus informes.
En 2024, el banco reportó una huella institucional de 5.226 toneladas de CO₂ equivalente, medida bajo la norma ISO 14064-1. Para compensarla, desarrolló programas de conservación en alianza con Wildlife Conservation Society (WCS) y Conservación Amazónica (ACEAA), beneficiando a más de 800 familias indígenas y campesinas y contribuyendo a la conservación de cerca de 24.000 hectáreas de bosque.
Lo más relevante es la medición de emisiones financiadas, es decir, el impacto climático indirecto generado por los proyectos que reciben crédito. Para ello, BancoSol utiliza el estándar internacional PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), considerado hoy unos de los principales marcos globales para la contabilidad de carbono en el sector financiero. Según la lista oficial de PCAF, BancoSol y el BDP son las únicas instituciones bolivianas adheridas a esta iniciativa, aunque el BDP aún no publicó un informe bajo este estándar.
En 2024, BancoSol también emitió el primer bono social con enfoque de género del país, el Bono Social Avanza Mujer. La emisión se estructuró bajo los Principios de Bonos Sociales de ICMA y contó con una garantía parcial de BID Invest. Según su Informe de Impacto 2025, el 100% de los recursos —más de 205 millones de bolivianos— se destinó a créditos para micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, beneficiando a más de 4.500 operaciones crediticias. El impacto fue verificado por la firma AESA Sostenible, que calificó el marco como “Muy Bien Alineado”.
Reportes, estándares y una brecha persistente
La mayoría de los bancos bolivianos publica informes de sostenibilidad bajo los estándares GRI (Global Reporting Initiative). Estos reportes se enfocan en consumo de energía y agua, inclusión financiera, gestión de talento y proyectos sociales, y en varios casos cuentan con auditorías externas.
Entre las entidades que ya publicaron informes bajo GRI se encuentran la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Unión, Ecofuturo, Banco FIE —reconocido como “Best Practice” por su Informe de Sostenibilidad 2022— y Diaconía. En 2025, la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) publicó su primer informe sostenible auditado por Delta Consult Ltda., mientras que Pro Mujer presentó su reporte auditado por ICR Systems & Management SRL.
Sin embargo, la medición del impacto climático de la cartera crediticia (alcance 3) sigue siendo la principal deuda del sistema. Varias entidades aplican sistemas SARAS internos —como Banco FIE, que implementó un SARAS ex post— basados en directrices de la IFC o del BID, orientados principalmente a gestionar riesgos y evitar daños, más que a medir impacto positivo.
La dispersión de metodologías, la falta de comparabilidad y las brechas de datos alimentan el riesgo de greenwashing, incluso en contextos de esfuerzos genuinos.
Armonizar el sistema: plataformas y capacidades
Ante este panorama, las asociaciones gremiales comenzaron a jugar un rol articulador. Asoban, con apoyo del PNUD y BID Invest, desarrolla desde 2021 el Sistema de Medición de Impacto al Desarrollo Sostenible (Simides), una plataforma que busca recopilar datos homogéneos de los bancos asociados y evaluar el impacto del crédito en los pilares ambiental, social y de gobernanza.
Según el Informe Especial Nueva Economía de la Asoban, publicado en enero de 2026, Simides permitirá cuantificar el aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estandarizar información para análisis comparables y transparentar el impacto positivo de la banca. Se prevé que su primer informe consolidado se publique este año.
V Foro Internacional de Finanzas Sostenibles / Pacto Global Red Bolivia
Paralelamente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en alianza con la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), impulsa talleres, asistencias técnicas y programas de formación especializada dirigidos a equipos técnicos del sistema financiero, combinando formación académica con soluciones prácticas adaptadas al contexto boliviano.
Regulación y mirada regional
El avance más relevante en curso es la construcción de la Taxonomía, impulsada por Asoban, Asofin, Finrural, ASFI, el BDP, el Gobierno y organismos internacionales. Esta herramienta definirá qué actividades pueden considerarse sostenibles en el contexto nacional y permitirá comparar impactos entre entidades.
Por ahora, la sostenibilidad financiera en Bolivia se apoya principalmente en la autorregulación. La ASFI viabilizó la emisión de bonos temáticos y participa en mesas técnicas, pero aún no emitió normativas obligatorias sobre divulgación ESG o riesgos climáticos.
La experiencia regional ofrece referencias claras. Según el Informe de Progreso Global 2025 de la Red de Banca y Finanzas Sostenibles (SBFN, por sus siglas en ingles), Uruguay implementó criterios SARAS de forma obligatoria en todo su sistema bancario; Colombia realiza pruebas de estrés climático; México desarrolló una taxonomía pionera; Chile y Perú integran objetivos climáticos en la política financiera. Estos casos muestran que el salto cualitativo ocurre cuando la sostenibilidad se convierte en política pública articulada.
Un desafío de sistema, no de voluntad
El sistema financiero boliviano ya no está en la etapa del discurso. Existen bonos certificados, créditos medidos, plataformas en desarrollo y capacidades técnicas en expansión. El problema no es la falta de iniciativas, sino su fragmentación.
El desafío inmediato no es empezar desde cero, sino ordenar lo que ya existe: culminar la taxonomía, fortalecer la medición de impacto, promover estándares comparables, incentivar auditorías independientes y avanzar hacia una regulación progresiva que integre el riesgo climático y social.
La sostenibilidad financiera no se construye únicamente con bonos verdes ni con informes bien elaborados, sino con datos confiables, trazabilidad del impacto y reglas claras. En esa transición, Bolivia ya dio sus primeros pasos. El reto ahora es convertirlos en una ruta compartida que permita al sistema financiero contribuir, de manera verificable, al desarrollo sostenible del país.
