Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales
La promulgación del Decreto Supremo 5503 sorprendió a amplios sectores de la sociedad boliviana. Durante meses se había instalado, desde el propio discurso oficial, la expectativa de que cualquier ajuste estructural recién se aplicaría en 2026 y de forma gradual. Sin embargo, la realidad fue otra y mucho más brusca: la eliminación de los subsidios a los combustibles, el congelamiento salarial y el viraje de la política económica se implementaron casi de inmediato, provocando protestas focalizadas en La Paz, bloqueos de carreteras, paros del transporte y movilizaciones sindicales que dejaron al descubierto que no todos están de acuerdo.
Aunque sectores empresariales y productivos reconocen que el esquema de subvenciones era fiscalmente insostenible, el rechazo ciudadano ha sido mayoritario, sobre todo en las ciudades, donde el impacto del ajuste se siente con rapidez en el bolsillo y en la rutina diaria. Ese malestar no puede leerse solo como una reacción coyuntural: revela una desconexión profunda entre el gobierno y una población que no estaba preparada, ni política ni emocionalmente, para un viraje de esta magnitud y que percibe el ajuste más como una imposición inesperada que como el resultado de un debate honesto y previo sobre los límites del modelo económico.
La comparación con el Decreto Supremo 21060 es inevitable, pero peligrosa si se hace sin matices. En 1985, Bolivia era un país distinto: apenas la mitad de su población vivía en áreas urbanas. Hoy cerca del 72 por ciento reside en ciudades. Este cambio no es un simple dato estadístico, sino una transformación estructural que amplifica el impacto de cualquier ajuste económico. Una economía urbanizada es más sensible al encarecimiento del transporte, los alimentos y los servicios, y también más propensa a expresar su descontento de forma inmediata y visible. Un ajuste que en los años ochenta golpeaba a un país mayoritariamente rural hoy sacude a una sociedad densamente urbana.
El trasfondo político marca una diferencia central entre ambos decretos. El DS 21060 se aplicó tras casi dos décadas de inestabilidad crónica, golpes de Estado y gobiernos breves que habían destruido la credibilidad del Estado, por lo que el ajuste fue la consecuencia de un colapso institucional evidente y aceptado. El DS 5503, en cambio, surge luego de casi veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo, un periodo sin rupturas militares, pero con una concentración progresiva de poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales. La crisis actual no proviene del caos político abierto, sino del desgaste de un modelo sostenido en altos precios de materias primas, gasto público rígido y subsidios crecientes, sin reformas estructurales oportunas.
Las cifras macroeconómicas exigen prudencia. Entre 1982 y 1985, Bolivia atravesó una hiperinflación cercana al 24.000 por ciento, con picos anuales superiores al 11.000, un colapso monetario total. Hoy, la inflación acumulada entre 2023 y 2025 ronda el 35 al 40 por ciento, con un salto preocupante en el último año. Aunque elevada y peligrosa, todavía dista del abismo de los ochenta. El problema no está solo en el nivel, sino en la tendencia: déficits fiscales persistentes, caída sostenida de reservas, agotamiento del modelo energético y desconfianza creciente en la capacidad del Estado de cumplir sus compromisos.
Ambos decretos, el DS 21060 y el 5503, surgen de un diagnóstico de crisis profunda y reconocen que las políticas anteriores solo administraron síntomas sin atacar las causas estructurales. Por ello, ambos impulsan reformas que reducen la intervención estatal en precios, comercio y financiamiento. El 21060 instauró un tipo de cambio único y flexible, mientras el 5503 ordena al Banco Central transitar hacia un nuevo régimen cambiario con el mismo objetivo de estabilidad y competitividad. En ambos casos, la liberalización se presenta como la herramienta central para enfrentar la escasez y restaurar los equilibrios económicos.
El control del gasto público refuerza ese paralelismo histórico. En 1985 se congelaron salarios y se prohibió el financiamiento del Banco Central a empresas estatales para frenar la emisión inorgánica. En 2025 se repite el libreto con el congelamiento salarial para 2026 y el veto explícito a nuevos créditos del BCB a empresas públicas. Ambos decretos también impulsan la racionalización del Estado, la reducción de gastos corrientes y la optimización de personal, aunque con intensidades distintas. Donde el 21060 aplicó una cirugía brutal, con despidos masivos y disolución de entidades, el 5503 opta por un ajuste más gradual y administrativamente complejo, pero no menos significativo en su orientación.
La diferencia central reside en la profundidad y, sobre todo, en la honestidad política del ajuste. El DS 21060 fue un shock sin eufemismos, asumido como una ruptura total con el pasado. El DS 5503 intenta presentarse como una medida excepcional y técnica, pese a que desmonta pilares centrales del modelo construido por el propio oficialismo durante casi dos décadas. Esa ambigüedad es su mayor debilidad. Mientras el 21060 se sostuvo en un relato coherente, doloroso, pero claro, el 5503 carga con la contradicción de un gobierno que durante años demonizó el neoliberalismo y hoy aplica varias de sus recetas sin asumir plenamente el costo político de hacerlo.
Ambos decretos nacen, finalmente, de un detonante recurrente en la historia boliviana: la fragilidad política. En 1985, un Parlamento hostil bloqueó cualquier salida gradual. En 2025, un Legislativo paralizado por la fractura interna del MAS empuja al Ejecutivo a gobernar por decreto. La lección parece no haber sido aprendida. Cuando la política se agota, la economía paga la factura, y los ajustes llegan tarde, bajo presión y con alto costo social. El DS 5503 no es el 21060, pero tampoco es su negación. Es la confirmación de que Bolivia volvió a chocar con los límites de un Estado que prometió demasiado y reformó muy poco.
Miguel Angel Amonzabel Gonzales es investigador y analista socioeconómico.
