Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales
Investigador y analista socioeconómico.
El ajuste económico dispuesto mediante el Decreto Supremo 5503, aprobado en diciembre de 2025 por el presidente Rodrigo Paz Pereira, marca un quiebre abrupto en la historia reciente de la política económica boliviana. No solo sorprendió por el momento elegido, cuando la mayoría esperaba la corrección después de las elecciones subnacionales de 2026, sino por la forma: un ajuste de shock y no gradual, como sugería buena parte de los economistas. La eliminación casi total del subsidio a los carburantes, con excepción de la garrafa de gas, disparó el precio del diésel de Bs 3,72 a Bs 9,80 y el de la gasolina de Bs 3,74 a Bs 6,96. El mensaje fue claro: el modelo basado en precios artificiales había llegado a su límite.
Esta decisión puede convertirse en un hecho histórico si logra consolidarse. No porque el ajuste sea popular, sino porque abre la posibilidad de una transición desde un neo estatismo rígido hacia un esquema más flexible, cercano a una economía socialdemócrata moderna, con mercado, Estado y regulaciones claras. En Bolivia, durante más de una década, el subsidio a los hidrocarburos funcionó como anestesia económica y herramienta política. Permitió contener precios, sostener consumo y postergar decisiones incómodas, pero lo hizo a costa de las reservas internacionales y de crecientes distorsiones macroeconómicas.
Hasta hace pocas semanas, analistas, periodistas y ciudadanía asumían que ningún gobierno se atrevería a aplicar un ajuste de esta magnitud antes de un proceso electoral. El cálculo político era evidente: el impacto negativo sobre transporte, alimentos y costo de vida erosionaría cualquier candidatura oficialista. Sin embargo, el gobierno decidió avanzar, asumiendo un costo político elevado que puede traducirse en desgaste acelerado e incluso en problemas de gobernabilidad futura. Esa decisión, más allá de simpatías o rechazos, muestra un grado de responsabilidad con la sostenibilidad del país que estuvo ausente en gestiones anteriores.
Las implicancias económicas para los próximos dos años serán profundas. El primer impacto ya se siente en el aumento de tarifas de transporte y en la cadena de precios de los alimentos. A ello se sumarán efectos en salud, construcción, comercio y servicios. La eliminación del subsidio eleva los costos de producción y logística, trasladándose casi de inmediato a los precios finales. Con evidencia económica e histórica, es razonable anticipar una contracción de la demanda agregada. Empresas que eran rentables con combustibles subsidiados verán erosionados sus márgenes, algunas reducirán personal y otras cerrarán. El desempleo aumentará y el consumo de los hogares, especialmente de ingresos bajos y medios, se reducirá de manera significativa.
Lo ocurrido equivale a haber pateado el tablero de precios en toda la economía. Durante las últimas semanas de 2025 y los primeros meses de 2026, la inflación podría ubicarse en rangos elevados, incluso entre dos dígitos altos, impulsada no solo por el aumento de costos, sino por la especulación y la incertidumbre. Los oferentes redefinirán precios incorporando márgenes de seguridad, lo que hará que muchos bienes se vuelvan restrictivos para la ciudadanía. Frente a ello, algunos productores intentarán absorber parte del impacto reduciendo ganancias, innovando en logística o ajustando procesos. Otros simplemente no resistirán.
En términos de actividad, el Producto Interno Bruto podría mostrar un crecimiento transitorio en los primeros meses, producto de compras anticipadas por temor a mayores alzas. Ese efecto será breve. Si las exportaciones de gas, minería y agroindustria no repuntan con fuerza, la economía puede ingresar en una fase recesiva desde el segundo semestre de 2026. El ajuste corrige precios relativos, pero no genera crecimiento por sí solo. Para ello se requieren inversión, productividad y confianza, elementos que aún están en disputa.
Desde el punto de vista fiscal y monetario, el decreto abre una ventana de oportunidad. La reducción del gasto en subsidios permitiría ahorrar miles de millones de dólares, incrementando las reservas internacionales entre 1.500 y 2.000 millones. Un mayor respaldo de reservas fortalece la moneda nacional y reduce la presión sobre el tipo de cambio. En la misma lógica se inscribe el congelamiento de salarios en el sector público, que busca reducir el gasto y enviar un mensaje simbólico de que la crisis será compartida. Sin embargo, estos beneficios no son automáticos y dependen de que la inflación no se descontrole y de que el gobierno sostenga la medida.
El impacto social será severo. El aumento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo afectarán con mayor fuerza a los hogares vulnerables. Muchas familias verán reducido su consumo básico, empujando a más personas hacia la pobreza. El gobierno ha anunciado compensaciones y bonos, pero su eficacia dependerá de la focalización y de la credibilidad de su financiamiento. Sin una red de protección sólida, el ajuste corre el riesgo de profundizar desigualdades.
En el plano político, la conflictividad es inevitable. Ya se observan movilizaciones sindicales y sociales que rechazan el decreto y lo califican como un gasolinazo. Existen tres escenarios posibles: que el gobierno logre imponer el ajuste y asuma el costo político, que los movimientos sociales fuercen una reversión total con grave daño a la credibilidad económica, o una salida intermedia que introduzca gradualidad. Esta última opción podría aliviar tensiones, pero también proyectar debilidad.
La pregunta central no es si el ajuste era necesario, porque lo era. La verdadera discusión es si fue correctamente diseñado y comunicado. El shock puede corregir distorsiones, pero también amplificar tensiones si no se acompaña de una narrativa clara, protección efectiva a los más vulnerables y reformas productivas que generen empleo. El Decreto 5503 no garantiza estabilidad; apenas compra tiempo. Si ese tiempo se desperdicia, Bolivia puede pasar del subsidio crónico a una estanflación prolongada. Si se aprovecha, este quiebre puede marcar el inicio de una transición económica más realista y sostenible.
