La Fiscalía General del Estado y la Policía Boliviana llevaron a cabo un operativo nacional entre el 17 y el 19 de diciembre de 2025, logrando el rescate de más de 10 víctimas de trata y tráfico de personas en 55 municipios del país.
La fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, destacó que este despliegue responde a una instrucción directa del fiscal general, Roger Mariaca. El objetivo es fortalecer el control en zonas críticas y ofrecer una respuesta penal con enfoque de derechos humanos.
Intercepción de vehículo
Uno de los resultados de la intervención fue la interceptación de un vehículo en la ruta La Paz–Desaguadero. En su interior se encontraban 10 personas que habían sido captadas mediante falsas ofertas de empleo. Según las investigaciones preliminares, el objetivo de los captores no era el trabajo convencional, sino la sustracción de datos biométricos.
Las víctimas eran trasladadas para realizarles el escaneo del iris con fines presuntamente ilícitos. Este aspecto del operativo pone de manifiesto la gravedad de la situación en la que se encuentran muchas personas que buscan empleo.
Centros de explotación sexual
El operativo también puso el foco en centros de explotación sexual. En la zona Norte de la ciudad de Oruro, específicamente en el sector del Casco del Minero, el personal policial logró rescatar a un menor de edad del interior de un lenocinio. Situación similar se registró en la ciudad de Potosí, donde se rescataron a 2 menores de edad.
De manera paralela, las autoridades procedieron a la clausura de varios establecimientos por incumplimiento de protocolos de atención, faltas graves a las normas de salubridad y presencia de menores. Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para combatir la explotación de personas vulnerables.
Compromiso contra el crimen
“Este operativo sin precedentes nos permitió rescatar víctimas, ejecutar aprehensiones y reforzar el control en espacios de alto riesgo. Demostramos un compromiso real contra el crimen transnacional”, afirmó la fiscal Rocha.
El éxito de las intervenciones fue fruto de la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Boliviana, Migración, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). Esta colaboración es esencial para abordar un problema tan complejo como la trata de personas.
Consejos a la población
Las autoridades instaron a la población a desconfiar de ofertas laborales que exijan traslados inmediatos o la entrega de datos personales y biológicos. Recordaron que la lucha contra la trata es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil.
