Por: Ronald Nostas Ardaya
Recientemente, el gobierno nacional presentó, en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, las bases de su Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), una especie de hoja de ruta que señala las prioridades del país para la próxima década. Más allá de ser un requisito formal, el PGDES 2025 – 2035 adquiere una gran importancia porque debiera perfilar con claridad el nuevo paradigma de desarrollo que reemplazará al modelo del MAS.
El Plan se estructura en siete pilares: economía, comercio internacional, autonomías, seguridad jurídica, transparencia, desarrollo humano y medio ambiente. Aunque es pertinente y coherente, no ha priorizado de manera explícita a la educación, el tema más estratégico para el futuro del país, que aparece diluido dentro del pilar “Bienestar para todos”, junto con áreas como salud, vivienda, inclusión y seguridad ciudadana.
Esta subvaloración muestra que al parecer no hay una clara consciencia de que la educación es una de las áreas más desoladas por el anterior régimen, y que su reconstrucción es necesaria para asegurar la sostenibilidad de cualquier modelo de desarrollo, e imprescindible para garantizar un futuro con unidad, democracia, justicia, transparencia y libertad.
Debemos recordar que, desde el inicio de su gobierno, el MAS utilizó la educación para reproducir su proyecto político. No la concibió como un espacio autónomo, plural y orientado al pensamiento crítico, sino como un mecanismo para moldear ideológicamente a la niñez y la juventud. “Toda revolución necesita una nueva educación, un nuevo sistema educativo”, arengaba García Linera para justificar este despropósito, mientras que sus parlamentarios aprobaban la Ley Siñani Pérez, que imponía una educación “descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antimperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales…” al servicio de “la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien”.
Para los ideólogos del “proceso de cambio” la formación de los jóvenes no podía ser neutral, y debía convertirse en un mecanismo de legitimación del poder. Por ello, sus estrategas impusieron en el país una educación centralizada y controlada por el Estado; relegaron el pluralismo y la libertad de pensamiento; descartaron la búsqueda de la excelencia por considerarla burguesa y elitista; reinterpretaron la historia desde una narrativa oficial; y, sobre todo, subordinaron el conocimiento técnico y científico a los valores y principios de la “revolución”.
El “Texto de Aprendizaje” del 6° año de secundaria, que aún se aplica en colegios, y que está publicado en la página web del Ministerio de Educación, es un claro ejemplo de cómo la educación se volvió propaganda. En el capítulo de historia contemporánea de Bolivia (Pags. 466 y siguientes) los autores desarrollan un relato sesgado, engañoso y tendencioso, orientado a distorsionar los hechos, promover la polarización y el resentimiento, y neutralizar el pensamiento crítico.
El plan educativo–ideológico fue más allá. Impuso la uniformidad de contenidos; precarizó la educación privada; usurpó la autoridad pedagógica de los maestros; redujo las horas de aula a cambio de actividades complementarias; omitió la evaluación de la calidad; minimizó el valor de las pruebas y exámenes y; opuso artificialmente el conocimiento científico “occidental” a los saber ancestrales de los pueblos indígenas.
Los resultados son devastadores. Nuestros estudiantes presentan los niveles más bajos de rendimiento a comparación de países vecinos; y la mayoría de los bachilleres “no entiende lo que lee ni tiene la capacidad para establecer relaciones o interpretar e inferir significados”. La violencia y el acoso escolar se incrementan; en algunos departamentos disminuye el número de alumnos matriculados; la diferencia entre estudiantes del campo y las ciudades se acrecienta; los egresados carecen de capacidades mínimas para enfrentar los desafíos laborales o generar sus propios emprendimientos; la carrera docente se ha precarizado y hay un retraso evidente de nuestro país en relación al uso eficiente de las nuevas tecnologías.
Ese es el tamaño del desafío que debemos enfrentar. Para hacerlo, es imprescindible colocar a la educación en el centro de la agenda nacional y avanzar hacia una verdadera liberación formativa, basada en el reconocimiento de la diversidad de opciones, el respeto a la educación privada, la libertad académica y el derecho de las familias y de los jóvenes a acceder a educación de calidad.
No existe mayor responsabilidad con el futuro de un país que garantizar un sistema educativo que forme en valores y principios humanistas, fortalezca la identidad colectiva, impulse las capacidades individuales y siente las bases de un modelo de desarrollo equilibrado, justo y libre. Este es un deber ineludible del Estado, pero también un compromiso que interpela a toda la sociedad boliviana.
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
