El Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha elevado el tono de sus críticas respecto a la situación de la Gestora Pública. En sus declaraciones, advirtió que el país podría enfrentar indemnizaciones que alcanzan los 171 millones de dólares debido a arbitrajes internacionales.
Durante un acto realizado este martes en Montero, el mandatario se refirió nuevamente al panorama que calificó de “delicado”. Este escenario ha sido generado por juicios iniciados por las antiguas administradoras de fondos de pensiones.
“Bolivia está a punto de perder un total de 171 millones de dólares por dos arbitrajes internacionales en curso: 94 millones de dólares con una empresa y 77 millones de dólares con otra”, precisó el Jefe de Estado.
Críticas a administraciones anteriores
Las declaraciones de Paz se producen un día después de haber generado polémica al señalar que “no hay sus aportes en la Gestora, se lo han gastado”. Este martes, el Presidente reafirmó sus cuestionamientos a las administraciones anteriores, que, según él, dejaron a la institución “sin recursos”.
Paz fue tajante al afirmar que “la Gestora era otra caja chica del Gobierno”. Además, el mandatario arremetió contra quienes aseguran que los recursos de los jubilados están seguros.
Preguntas sobre los recursos
El Presidente preguntó: “Todavía tienen el tupé de decir que la plata de los jubilados está ahí. Sí, sí, pero eso al referirse a los arbitrajes, ¿quién lo paga?”.
Deudas con abogados
En un hecho que complica la defensa del país en estos procesos, el Presidente Paz reveló que Bolivia mantiene deudas de “varios millones de dólares” con la firma de abogados encargada de representarlo en los arbitrajes.
Según el mandatario, la situación es tan crítica que el equipo legal ha considerado retirarse del caso debido a la falta de pagos durante meses. Este problema, aseguró, está siendo negociado actualmente.
Exigir responsabilidades
Paz concluyó su intervención reiterando la necesidad de que el país asuma con seriedad los procesos internacionales. También enfatizó la importancia de exigir responsabilidades a las administraciones pasadas por la situación crítica de la Gestora.
