La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú ha dictado una sentencia de 11 años, 11 meses y 15 días de prisión contra el expresidente Pedro Castillo Terrones. Esta condena es por el delito de conspiración para una rebelión, que se relaciona con su intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso el 7 de diciembre de 2022.
La sentencia se impone debido al intento de golpe de Estado que protagonizó el exmandatario. La decisión judicial confirma la ilegalidad de las acciones que llevaron al fin de su gobierno. La condena se alinea con la solicitud final de la Fiscalía de la Nación, que originalmente había pedido 34 años de cárcel por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
A pesar de esto, Castillo fue absuelto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Por lo tanto, la sentencia firme se establece únicamente por el cargo de conspiración para la rebelión. Durante sus alegatos de clausura el 21 de noviembre de 2025, Pedro Castillo expresó: “Me culpan de un golpe de Estado tan solo por leer una hoja. Estoy acá, no porque me juzgan por haber cometido actos delictivos, sino me juzgan por mis orígenes, por mi sombrero”.
Tiempo en prisión
Desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que policías y militares desacataron la orden presidencial, el exjefe de Estado ha estado en prisión. Castillo ha cumplido 18 meses de prisión preventiva, que luego fue extendida por otros 18 meses, debido a la presunta “subsistencia del peligro de fuga”. El expresidente ha mantenido su inocencia, reafirmándolo en sus últimas palabras públicas ante el tribunal: “Reitero: no he venido a pedir clemencia, menos absolución de mi caso, solamente pido justicia. ¡Viva el Perú!”.
Proceso legislativo en curso
A la condena penal se suma un proceso legislativo que busca prohibir su regreso a la función pública. La Comisión Permanente del Parlamento aprobó un informe final que recomienda inhabilitarlo por 10 años. Esta recomendación se basa en “incriminatorias acciones previas y posteriores” al fallido mensaje a la nación. La decisión final sobre esta inhabilitación se tomará próximamente en el Pleno del Congreso.
Otros cargos en su contra
Castillo también enfrenta un proceso por presunta corrupción. Al finalizar su intervención, negó haberse apropiado de recursos estatales, afirmando: “Yo no vine para eso (…) si a mí me encuentran un indicio de corrupción yo no voy a pedir pena de cárcel, pido pena de muerte”.
