El futuro de los cine videos y locales similares en Oruro ha vuelto a ser un tema de discusión. Esto ocurrió después de que el Ejecutivo Municipal devolviera con observaciones la ley que prohíbe su funcionamiento. Esta ley había sido aprobada por mayoría absoluta en el Concejo Municipal.
Normativa en debate
La normativa busca frenar la reproducción pública de contenidos cinematográficos sin la debida autorización. Si el alcalde decide no firmarla, los concejales tienen la opción de promulgarla directamente.
Críticas al Ejecutivo Municipal
El concejal José Flores, quien es el promotor de la ley, criticó con dureza las observaciones que hizo la parte jurídica del Ejecutivo. Las calificó de “sin sentido” y sugirió que hay una intención de proteger intereses internos. Según Flores, la devolución del documento no tiene argumentos legales sólidos que justifiquen la negativa.
En esa ocasión, Flores mencionó que algunos funcionarios de la Dirección Tributaria y asesores jurídicos habrían actuado en defensa de los establecimientos cuestionados. Esto sucedió incluso durante el reciente proceso constitucional que permitió la reapertura temporal de los cine videos.
Complicidad en el proceso
“Nos han hecho una observación propia de una falta de criterio. No hay artículos vulnerados, no hay sustento legal. Lo que vemos es complicidad de algunos jurídicos del Ejecutivo con la Dirección Tributaria, que se han querido dar oxígeno”, exclamó el concejal.
Flores lamentó que los mismos funcionarios que otorgaron permisos a los cine videos sean los que defendieron el amparo que favoreció a estos negocios. “¿Cómo se van a pisar la cola entre ellos? Por eso el amparo ha salido positivo. Pero no tenemos una ley en Oruro… ahora ya la tenemos”, remarcó.
Posibles acciones del Concejo
Flores aseguró que si el alcalde Adhemar Wilcarani vuelve a “negarse” a promulgar la ley, será el Concejo quien lo haga, amparándose en la normativa vigente. “Si no quiere promulgar, lo vamos a hacer nosotros. El alcalde se estaría ganando un proceso por incumplimiento de deberes”, advirtió.
En este sentido, el concejal afirmó que la ley será reenviada al Ejecutivo en los próximos días. “No hay fundamento técnico-legal para ir en contra. Estos permisos fomentaban la piratería”, enfatizó.
Fundamentos de la normativa
La normativa aprobada se basa en diversas disposiciones nacionales e internacionales. Entre ellas se encuentran la Ley del Cine y Arte Audiovisual Boliviano (1134), la Ley de Derechos de Autor (1322), la Ley de Seguridad Ciudadana (264), el Código Niña, Niño y Adolescente (548) y la Ley 1636 de protección a menores en entornos digitales. Además, respalda sus alcances en el Convenio de Berna sobre derechos de autor.
“Están lucrando con trabajo ajeno. ¿Dónde quedan los derechos de autor y el usufructo del producto cinematográfico? Estas producciones son para consumo doméstico; no hay necesidad de que se proyecten en locales”, sostuvo Flores.
Tensión entre sectores
Mientras el trámite avanza entre el Concejo y el Ejecutivo Municipal, los cine videos continúan funcionando gracias a un amparo constitucional. Esto ha generado un clima de tensión entre quienes defienden estos espacios como opciones de entretenimiento y las autoridades que sostienen que su operación viola derechos de autor y representa un riesgo para menores de edad.
