Por: Iver Pereira Vásquez
En el pasado, las críticas sobre el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales se centraban en la tardanza para brindar resultados electorales; habitualmente se comparaba esta circunstancia con otros procesos electorales de países de la región, en los que los resultados eran publicados casi de manera inmediata, aunque esos resultados eran resultados preliminares.
El Órgano Electoral Plurinacional, en el desafío de brindar certeza e información clara, pronta y oportuna, implementó el Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE), tanto para la primera como para la segunda vuelta en las elecciones generales nacionales 2025 y superó de este modo y en la práctica, el fallido sistema de Transmisión de Resultados Preliminares de 2019.
No solo fue el SIREPRE la novedad del proceso electoral 2025, sino también, que por primera vez en la historia de la democracia boliviana para elegir el binomio presidencial, de manera directa y participativa en segunda vuelta de 7.936.515 ciudadanos habilitados 6.404.195, decidieron elegir tanto al presidente como al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, además de haberse brindados resultados electorales departamentales en tiempo record.
Sin embargo, no solo debemos mirar y enfocarnos en los resultados electorales, sino también abordar la arquitectura institucional, la logística operativa, la cultura cívica y la capacidad de respuesta ante posibles contingencias, podemos afirmar que todos estos elementos, en su conjunto proyectan confianza en el Organo Electoral y consolidan prácticas de integridad electoral, como sostienen los observadores internacionales y nacionales.
No es posible entender la integridad electoral, sin una institucionalidad electoral que planifica adecuadamente el conjunto del proceso, expresado en la convocatoria, calendario electoral y ejecutado las mismas de manera rigurosa por cada uno de los Tribunales Electorales Departamentales, expresado en sus propias sub actividades.
Sin embargo, se debe enfrentar en el futuro a nuevos retos como el de la pertinencia de continuar designando a jueces electorales, que de acuerdo a la Ley 025 son designados para la administración de la justicia ordinaria y desarrollar procesos judiciales en el ámbito ordinario (civil, penal, laboral o familiar) y eventualmente por el tiempo de aproximado de 120 antes de la jornada electoral y 90 días posteriores al de la jornada electoral, cumplir el rol de jueces disciplinarios de la administración electoral, que enfrenta en su implementación a dificultades operativas y técnicas, como el de inexistencia en el sistema de admisión de causas administrativas electorales.
La creación de asientos y asientos en las zonas rurales de nuestro país y particularmente en el departamento de Oruro, mientras en las áreas urbanas el recinto se encuentra muy cercano a la población y facilitan el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, no siempre sucede lo mismo con ciudadanos del área rural, que deben trasladarse caminando horas y horas para aquel ejercicio, lo que importa una desventaja real, al que además se debe agregar las percepciones de Vocales del Tribunal, que se resisten a la creación de asientos y recintos electorales en el área rural, arguyendo que resulta económicamente “muy caro” para el Estado crear recintos electorales para poblaciones con menor cantidad de votantes.
Tanto la primera como la segunda vuelta confirmaron el nivel de eficiencia institucional de Oruro: fue el primer departamento del país en cerrar al 100% el cómputo oficial, con validación de la Sala Plena y anuncio público del cierre definitivo de actas en ambas vueltas, la primera vuelta concluyo a las 10 horas de formalmente iniciado el cómputo departamental y la segunda vuelta el 8 horas de formalmente iniciado, el cómputo departamental.
Para llegar al desempeño eficiente de estos resultados, mucho ha tenido que ver la capacitación a facilitadores, capacitadores, notarios y jurados electorales, en el llenado del acta electoral, en la copia igual de los resultados electorales plasmados en la hoja de trabajo de la mesa al acta electoral, plasmados la voluntad del pueblo en números y posteriormente en la legitimidad del gobernante, así como la difusión de contenidos informativos elaborados en libertad por el equipo del SIFDE.
El éxito del proceso electoral en Oruro en 2025 combinó estructura institucional, eficiencia operativa y servicios centrados en la ciudadanía. La pronta conclusión del cómputo en primera y segunda vuelta, la transparencia documental y la respuesta administrativa posterior reflejan una institucionalidad madura que fortalece la confianza democrática. La tarea ahora es consolidar estas fortalezas con innovación en transparencia, accesibilidad y capacitación continua, para que cada jornada electoral sea previsible, inclusiva y verificable.
