La Fiscalía Departamental de Chuquisaca, junto con la policía, llevó a cabo un registro de oficinas en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) este miércoles. Esta acción forma parte de una investigación abierta contra cinco exmagistrados que se “autoprorrogaron” en sus funciones, enfrentando acusaciones por falsedad ideológica y acoso político hacia mujeres.
La intervención judicial se produce de manera inmediata tras el cese de funciones de estas exautoridades, una decisión tomada por salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz.
El fiscal de materia, Javier Gorena, junto con el fiscal Mario Durán, encabezaron el ingreso a las instalaciones del TCP. Gorena explicó que el propósito de esta acción es “reunir elementos” en el lugar de los hechos, con el respaldo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, para esclarecer los delitos que se les atribuyen a los exmagistrados.
“Lo que vamos a realizar es un actuado investigativo del registro del lugar del hecho. Hemos identificado algunas dependencias a las cuales vamos a ingresar,” precisó el fiscal Gorena.
Inicio de la investigación
La investigación penal se inició a raíz de una denuncia presentada el 12 de noviembre de 2025 por dos magistradas electas, Paola Prudencio y Amalia Laura.
La denuncia señala a cinco exmagistrados: Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. Se les acusa por la resolución que permitió la prórroga inconstitucional de sus mandatos, lo que vulneró la Constitución.
Renuncias y cierre de oficinas
En medio de esta crisis, se conoció que dos de los exmagistrados mencionados, Yván Espada y Karem Gallardo, presentaron su renuncia irrevocable, aunque sus funciones ya habían sido cesadas.
El magistrado Ángel Davalos Rojas informó que las cinco oficinas de los exmagistrados serán cerradas hasta que la Fiscalía decida el futuro de la documentación, la cual, según reportes, intentó ser retirada el martes. La presidenta del TCP, Verónica Prudencio, también indicó que las oficinas ya estaban sin uso, ya que los exmagistrados solo acudían para reuniones internas.
Posibles juicios ordinarios
En el ámbito legislativo, asambleístas del oficialismo han adelantado que los cinco exmagistrados deben ser juzgados por la vía ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades. Argumentan que, dado que sus mandatos ya habían cumplido el tiempo constitucional, los actos cometidos en los últimos 2 años carecen de privilegio constitucional y, por lo tanto, sus acciones ya eran ilegales.
