El Tribunal Departamental de Justicia de Potosí ha emitido el Auto Constitucional 0087/2025 O, que ordena el cese de funciones de varios magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta decisión se tomó debido a que estos magistrados habían prorrogado sus mandatos desde 2023. La resolución fue anunciada el 25 de noviembre de 2025 durante una audiencia de acción popular.
Detalles del auto constitucional
El Auto Constitucional 0087/2025 O establece un plazo de 10 días hábiles para que las autoridades cesen en sus funciones. Esta medida afecta a los magistrados del TCP: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo. También incluye a los magistrados del TSJ: Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez.
El documento menciona que estas autoridades tienen un plazo perentorio para dejar sus cargos. Este tiempo se otorga para que puedan despachar las causas pendientes cuya fecha de vencimiento se cumpla hasta dicho plazo. A pesar de la orden de cese, se garantiza la seguridad jurídica, ya que se dispone que se mantendrán firmes y vigentes todos los actos ejecutados por los magistrados prorrogados durante su ejercicio extendido.
Origen de la audiencia
La audiencia se llevó a cabo tras una acción popular presentada por la ciudadana Sandra Beatriz Aiza contra los magistrados del TCP. Horas antes de la audiencia, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, denunció que los magistrados “autoprorrogados” estaban intentando intimidar a las salas constitucionales y a los jueces mediante una supuesta “ficticia complementación” de un auto constitucional.
Saucedo aseguró que el trabajo independiente de todos los jueces estaba garantizado y lanzó un mensaje contundente: “Bolivia no se arrodilla ante los usurpadores de la administración de justicia constitucional”. La emisión del auto marca un precedente significativo y podría ser el punto de inflexión para desbloquear el proceso de renovación de las altas autoridades judiciales en el país.
