Tras el desmantelamiento de una red dedicada a la falsificación de documentos oficiales en Oruro, que tuvo lugar en días recientes, la Universidad Técnica de Oruro (UTO) ha emitido un comunicado. En este, la institución informa que, hasta el momento, no se ha encontrado ningún caso de falsificación de títulos profesionales que esté relacionado con su casa de estudios. A pesar de esto, la UTO está llevando a cabo una revisión constante debido a la inquietud que ha generado esta situación en el departamento.
Declaraciones del rector
El rector de la UTO, Augusto Medinaceli, ha aclarado que, a pesar de la magnitud de la investigación que está llevando a cabo la policía y la fiscalía, no existen denuncias específicas que vinculen directamente a los títulos emitidos por la universidad con actos de falsificación.
“En la UTO específicamente no hemos tenido un caso de este tipo, no hay denuncias. Las instituciones públicas nos piden habitualmente la certificación de todos sus técnicos y los atendemos de forma ordenada”, afirmó Medinaceli.
Irregularidades anteriores
El rector también recordó que en la gestión pasada, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) detectó una irregularidad en un título en provisión nacional. En este caso, la empresa estatal inició el proceso legal correspondiente. Sin embargo, Medinaceli subrayó que este incidente no involucró a la universidad como responsable de la falsificación, sino que se trató del uso indebido del documento por parte de un particular.
Investigación en curso
La declaración del rector se produce en el contexto de una investigación que ha revelado una compleja operación de falsificación. Durante esta investigación, se han secuestrado sellos de instituciones tanto públicas como privadas, así como computadoras, impresoras y folios reales originales que fueron desviados desde el Órgano Judicial, entre otros elementos.
Compromiso con la transparencia
Ante la creciente preocupación de la ciudadanía, el rector Medinaceli ha reiterado que la universidad está abierta a recibir consultas, denuncias o incluso solicitudes para certificar la autenticidad de documentos académicos. Este procedimiento, según aseguró, es algo que las entidades públicas y privadas suelen solicitar de manera habitual.
