La crisis que enfrenta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se intensificó legalmente la tarde de este martes 25 de noviembre de 2025. Esto ocurrió tras la emisión de cuatro órdenes de aprehensión por parte del juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, quien pertenece al Juzgado de Instrucción Primero del municipio de La Guardia, en Santa Cruz.
Órdenes de aprehensión emitidas
Los magistrados afectados por estas órdenes son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas.
Las resoluciones judiciales tienen como objetivo garantizar que estos magistrados sean conducidos ante la autoridad correspondiente. Esto es para que respondan a una acción popular presentada por el abogado Oliver Coronado. En su denuncia, Coronado alega usurpación de funciones y atentado a la seguridad jurídica del Estado, buscando asegurar la presencia de los magistrados en la audiencia programada para este miércoles.
Alerta migratoria activada
Esta medida de máxima presión se suma a la alerta migratoria que la Fiscalía de Sucre activó contra los cinco magistrados. Esta acción busca prevenir cualquier intento de salida del país mientras los magistrados enfrentan un proceso penal que ya ha sido admitido.
Las acciones judiciales se producen en un contexto en el que los exfuncionarios han acumulado, en un corto periodo, tres fallos judiciales adversos. Estos fallos ordenan su cese inmediato y prohíben su ingreso a sus oficinas.
Fallos judiciales previos
Los fallos que precedieron a la orden de captura provienen de una acción popular en Potosí. Esta determinó el cese inmediato de los magistrados, el desalojo bajo custodia y la suspensión de sus salarios. Además, otra resolución de la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz también declaró el cese de todos los magistrados y dejó sin efecto las resoluciones que habían emitido.
Advertencia del presidente del TSJ
La rápida y simultánea acción judicial a nivel nacional parece confirmar la advertencia previa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo. Este había señalado que los acusados podrían ser defenestrados por la justicia debido a su negativa a renunciar a sus cargos.
