La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) está atravesando una grave crisis financiera. Esto se debe a la reciente pérdida de un juicio laboral que obliga a la empresa a pagar alrededor de Bs 150 millones a 401 trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas). Esta situación se originó por la supresión del bono de antigüedad desde diciembre de 2016, según un informe de auditoría jurídica que fue entregado el 17 de octubre de 2025.
El investigador y consultor José María Herbas ha señalado al exinterventor de Epsas, Marcel Humberto Claure Quezada, como el principal responsable de este perjuicio económico. Herbas afirma que Claure Quezada tomó la decisión de retirar el bono sin contar con un respaldo legal y por motivos políticos. Esta acción provocó un conflicto laboral que culminó con un fallo judicial desfavorable para la empresa.
Las denuncias previas que realizó Herbas ante el Viceministerio de Transparencia fueron ignoradas por las autoridades ministeriales y los directores de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSS).
Situación financiera crítica
Herbas califica la situación financiera de Epsas como una “virtual quiebra técnica”. Además de la deuda acumulada de Bs 150 millones, el fallo judicial también obliga a la empresa a reponer el pago del bono a los trabajadores actuales, lo que generará una pérdida adicional de Bs 25 millones anuales. A esta cantidad se suman “otra decena de procesos penales y laborales perdidos” que ponen en riesgo la solvencia de la empresa.
Herbas también destaca que, a pesar de que Epsas reportó una ganancia de Bs 380 millones, solo Bs 100 millones están destinados al pago salarial de sus 820 empleados. Esto pone de manifiesto la precariedad financiera de la empresa.
Auditoría y hallazgos
La auditoría jurídica externa, realizada por la “Consultora Navarro & Asociados”, fue ordenada por el último ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, tras un proceso de licitación. Esta auditoría no se limita al caso del Sutas, sino que fue contratada para auditar más de 80 procesos judiciales en el ámbito laboral. Herbas estima que estos procesos representan una cantidad significativa de “millones de bolivianos en pérdidas” debido a la mala administración y a una defensa técnica deficiente.
Futuro incierto para Epsas
A pesar de la crisis que enfrenta, el actual interventor de Epsas, Pedro Flores, designado por el Gobierno del MAS y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, se ha negado a responder preguntas sobre la situación. Epsas ha estado intervenida desde 2013 y actualmente administra aproximadamente 500,000 conexiones de agua y alcantarillado en ocho municipios clave del departamento de La Paz. La incertidumbre financiera que rodea a la empresa amenaza la continuidad de sus operaciones.
La auditoría revela que las pérdidas acumuladas no solo son resultado del caso del Sutas, sino también de otros procesos judiciales que han sido mal gestionados. La falta de respuesta ante las advertencias sobre estas irregularidades ha contribuido a agravar la situación económica y legal que enfrenta Epsas.
