Bolivia presenta un alarmante 84,2% de su población laboral en situación de informalidad, según el informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2025” de la OCDE. Este aumento en la informalidad laboral, que ha pasado del 62,4% en 2005 al 84,2% en 2024, tiene un impacto negativo en la recaudación tributaria y limita la productividad del país. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que la creación de empleo se ha concentrado en el sector informal, lo que representa un desafío estructural crítico para el desarrollo económico sostenible.
La magnitud del problema en Bolivia se respalda con cifras nacionales que superan la media regional. Mientras que la OCDE señala que más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos dependen de la informalidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reporta que la informalidad laboral ha aumentado un 34,5% en las últimas dos décadas. Esta tendencia es evidente en las ciudades, donde las calles de La Paz, Cochabamba y El Alto se convierten casi a diario en mercados.
Un ciclo de baja productividad
El informe de la OCDE revela un patrón preocupante: la informalidad en la región no se presenta como una etapa transitoria hacia mejores empleos, sino como un “estado persistente” con movilidad laboral ascendente limitada. Los trabajadores quedan atrapados en un ciclo de baja productividad y menores ingresos para sus hogares. Esta situación restringe la capacidad del país para mantener una agenda de desarrollo productivo a largo plazo, ya que afecta la financiación de los sistemas de seguridad social.
Desafíos tras la pandemia
A pesar de que la región ha logrado recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia del coronavirus, la alta informalidad y el escaso crecimiento del empleo protegido siguen siendo una realidad. Gilbert F. Houngbo, director de la OIT, ha señalado que aunque hay más personas trabajando, esto subraya que la creación de puestos se ha centrado en el sector informal.
Urgencia de políticas efectivas
Bolivia enfrenta un desafío estructural crítico. Con un 84,2% de su población laboral en la informalidad, el país no solo sufre consecuencias inmediatas, sino que también limita su futuro al restringir la base financiera de su seguridad social. Es urgente implementar políticas efectivas que faciliten la transición del trabajo informal al formal.
Situación regional de la informalidad
Honduras, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Perú lideran la lista regional con alta dependencia del trabajo no regulado. Esta situación no solo dificulta la recaudación tributaria, sino que también estrangula la financiación de la seguridad social y limita el desarrollo económico sostenible.
