El Ministerio Público de Bolivia formalizó ante Uruguay la solicitud de extradición del excura uruguayo Juan José Sant’Anna, requerido por graves denuncias de abuso sexual contra al menos 30 menores de edad en el internado Ángel Gelmi de Tapacarí, Cochabamba, entre 2005 y 2007.
La Fiscalía de Cochabamba envió la documentación respaldatoria a las autoridades uruguayas, donde Sant’Anna fue detenido gracias a una alerta roja de Interpol tras la difusión de su paradero en la ciudad de Salto.
Actualmente, el excura se encuentra en detención preventiva mientras se analiza el proceso de extradición.
El caso, que se reactivó con la localización pública del acusado, se mantiene vigente legalmente, según la Fiscalía boliviana, debido a la declaración de rebeldía dictada en 2011, que interrumpió los plazos de prescripción.
La documentación presentada en Uruguay fue aceptada por el tribunal de ese país, que confirmó que el caso boliviano continúa activo y cumple con los requisitos iniciales. Pese a que la defensa de Sant’Anna solicitó la detención domiciliaria argumentando residencia fija y estabilidad familiar, el tribunal rechazó el planteamiento, manteniendo al acusado bajo custodia.
La defensa del excura ha requerido a Bolivia precisiones sobre las edades actuales y fechas de nacimiento de las víctimas para evaluar una posible prescripción de los delitos según la legislación boliviana, una solicitud que el juez uruguayo aceptó tramitar para complementar el expediente. No obstante, la Fiscalía de Bolivia ha ratificado por escrito que solicitará la pena máxima contra el excura uruguayo.
Además, la Fiscalía evalúa un pedido clave de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.
Esta comunidad de víctimas ha solicitado a la Fiscalía de Cochabamba la recalificación del delito de abuso deshonesto a violación.
Esta modificación de la figura penal permitiría que el Ministerio Público solicite la pena máxima de 30 años de prisión, argumentando que los testimonios reflejan hechos compatibles con agresiones sexuales graves que no fueron tipificados adecuadamente en la imputación original. La Fiscalía evalúa presentar esta recalificación en la primera etapa del juicio oral.
La documentación enviada a Uruguay también consigna que, antes de que se emitiera la primera orden de aprehensión, Sant’Anna fue trasladado temporalmente a una residencia religiosa. Sin embargo, abandonó el país el 3 de noviembre de 2007, días antes de la orden.
Como respaldo procesal, la Fiscalía boliviana incluyó el hecho de que el acusado supuestamente reconoció hechos ilícitos ante un delegado eclesiástico antes de su huida, reforzando la solicitud de extradición y la intención de aplicar la máxima sanción penal en Bolivia.
