Las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en La Paz fueron intervenidas esta mañana por la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos. Esta acción se llevó a cabo tras recibir denuncias de graves presuntas irregularidades. Entre estas irregularidades se incluyen el beneficio a exfuncionarios y el supuesto aval a grupos avasalladores en tierras productivas.
Al salir del edificio, la viceministra Barrientos confirmó a los periodistas que la intervención se debe a denuncias sobre resoluciones que estaría firmando el director del INRA. “Una cosa son los temas administrativos, pero otra cosa son las resoluciones discrecionales de las cuales hemos recibido denuncias”, afirmó Barrientos.
Denuncias llamativas
Barrientos detalló que dos tipos de denuncias llamaron “poderosamente” su atención y motivaron la acción inmediata. Una de estas denuncias indica que se estarían firmando resoluciones con el objetivo de “beneficiar discrecionalmente a agrupaciones o personas vinculadas con el anterior gobierno”.
Además, existe una denuncia que señala que “el INRA en Beni y en Pando ha dado instrucción para que avasalladores puedan entrar a lugares que están en época de zafra en este momento”.
Desmentido de permisos
Barrientos fue categórica al desmentir cualquier permiso gubernamental para la ocupación ilegal de tierras. “(Pero) no hay ningún tipo de aval o instrucción del Ministerio de la Presidencia, menos del INRA, para que algún avasallador pueda ingresar a tierra fiscal o a tierras de productores”, enfatizó.
Falta de diálogo
Durante la intervención, la viceministra lamentó no haber podido dialogar con la máxima autoridad de la institución. “Hemos recibido información de los directores, a quienes agradecemos, pero lamentablemente, el director nacional no se encuentra en su despacho. No han sabido decirme dónde está, vamos a tomar las medidas correspondientes”, señaló.
Auditorías y transparencia
Barrientos anunció la realización de auditorías y el inicio de un proceso investigativo para esclarecer de manera exhaustiva las presuntas irregularidades. La autoridad ratificó la política de “cero tolerancia” con la corrupción en el sector público.
Esta intervención subraya la determinación del actual Gobierno de transparentar la gestión de la tierra y poner fin a las prácticas discrecionales que puedan perjudicar a los productores y la fe pública en las instituciones.
