La Ley de Diferimiento de Créditos, que fue promulgada al final del gobierno de Luis Arce, se encuentra actualmente en suspenso. Esto se debe a una medida cautelar presentada por el sistema financiero ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según lo confirmó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
Esta paralización ha generado preocupación en el sector de micro y pequeñas empresas, que ha declarado estado de emergencia y amenaza con llevar a cabo la primera movilización nacional contra la gestión del nuevo gobierno de Rodrigo Paz.
Objeciones del sistema financiero
El ministro Espinoza explicó que la objeción del sistema financiero se basa en supuestas irregularidades en el procedimiento legislativo de la norma. Según la denuncia, el proyecto fue modificado en el Senado y, en lugar de regresar a la Cámara de Diputados para su ratificación, pasó directamente a la Asamblea Legislativa, lo que contraviene el proceso habitual.
Espinoza señaló que esta maniobra podría haber sido una “intención del gobierno saliente de generar confusión”.
Reacción de los prestatarios
La impugnación ha provocado una fuerte reacción entre los prestatarios. Helen Rivero, presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), calificó la medida cautelar como una “chicanería de los banqueros” para ganar tiempo y posiblemente derogar la Ley.
Rivero lamentó que, al acudir a los bancos, se les esté indicando a los prestatarios que deben esperar la respuesta del TCP, a pesar de que la ley ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial.
Estado de emergencia del sector
Jaime Vasques, presidente de la Fedemype La Paz, confirmó el estado de emergencia del sector. Advirtió que la no aplicación de la ley afectará a más de 1,4 millones de personas, incluyendo microempresarios, transportistas y cuentapropistas.
Vasques puso en duda la validez de cualquier fallo judicial, afirmando: “Han presentado un amparo (medida cautelar) ante el TCP, donde no tenemos confianza, por los autoprorrogados… Nuevamente nos van a ver en las calles y será contundente”.
Riesgos de la demora
El representante de la Fedemype de Viacha, Jhon Elmer Alanoca, advirtió que la demora en la aplicación de la norma pone en riesgo la recuperación económica y podría llevar a embargos. “La ley se ha hecho para la suspensión de embargos. Lastimosamente nos han mentido. Estamos convocando a una movilización nacional”, sentenció.
Cuestionamientos legales
El abogado constitucionalista Marco Baldivieso confirmó que el TCP tiene la competencia para suspender provisionalmente la vigencia de una norma mediante una medida cautelar. Sin embargo, coincidió con el sector empresarial en que la legitimidad de la decisión puede ser cuestionada, ya que los magistrados están “usurpando funciones”.
Baldivieso señaló que los empresarios afectados pueden cuestionar válidamente la legitimidad, la competencia y la jurisdicción de los magistrados autoprorrogados. Esto intensifica la presión sobre el TCP, que ya enfrenta una denuncia penal por parte de magistrados electos en un conflicto paralelo.
Según el jurista, la otra vía para modificar o derogar la norma recae en la Asamblea Legislativa.
