El conflicto en el Órgano Judicial de Bolivia ha escalado a la vía penal. Esto ocurrió después de que las magistradas electas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca, presentaran una denuncia por falsedad material e ideológica. Esta denuncia se dirige contra los cinco magistrados que se han “autoprorrogado” en sus cargos.
La acción judicial se centra en el Auto Constitucional Plurinacional 070/2025-O, que fue emitido en completo hermetismo el 31 de octubre de 2025. Este auto habilita una tercera prórroga de los mandatos de los magistrados prorrogados. La magistrada Prudencio ha denunciado que esta resolución fue aprobada sin la participación de la Sala Plena completa, actuando a espaldas de los cuatro magistrados que ingresaron con mandato electoral en 2024.
Prudencio enfatizó que esta determinación debía ser discutida por los nueve magistrados del TCP. Acusó a los magistrados prorrogados de actuar como “parte y juez en su propio interés”, con el objetivo de frenar su cesación de funciones por tercera vez en dos años.
Cuatro magistrados electos
La denuncia penal se presentó un día después de que los cuatro magistrados electos, que son Prudencio, Villca, Boris Arias y Ángel Edson Ávalos, hicieran público un video. En este video, señalaron “anomalías y abusos” que buscan mantener el control del TCP. Acusan a los magistrados prorrogados de extralimitar sus competencias al declarar la inconstitucionalidad de proyectos de ley que buscan restablecer la primacía constitucional mediante simples autos.
Estos autos incluyen el 053/2024-O, 002/2025-O y 070/2025-O, un mecanismo que no está permitido por el Código Procesal Constitucional. Este conflicto ha generado un cerco institucional en torno a los magistrados cuestionados.
Apoyo del Tribunal Supremo
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ha brindado su pleno respaldo a la acción judicial. Además, ha apoyado el pedido de restablecer el Estado de Derecho. Saucedo señaló que el auto 070/2025-O “impone frenos a la Asamblea Legislativa”, limitando sus facultades para convocar nuevas elecciones judiciales.
Cumbre Judicial de Sucre
La reciente Cumbre Judicial de Sucre, que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2025, incluyó en sus conclusiones un pedido de cese inmediato de los magistrados prorrogados. Esto ha incrementado la presión institucional sobre ellos. Mientras tanto, el magistrado Arias ha exigido que la nulidad de la resolución de la prórroga sea resuelta por jueces suplentes, con el fin de garantizar la imparcialidad en el proceso.
Arias recordó que los nueve miembros del TCP pueden ser sometidos a juicio de responsabilidades. Hasta el cierre de esta edición, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, no había emitido una contraparte oficial sobre la denuncia presentada.
