El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro ha emitido un pronunciamiento en respuesta a las críticas realizadas por la Asamblea de Participación y Control Social. Estas críticas se centran en el Decreto Municipal 233, que supuestamente limita las facultades de fiscalización de la sociedad civil.
El jefe de la Unidad de Transparencia del GAMO, Víctor Hugo Miranda, aseguró que las acusaciones son infundadas. Además, convocó a una reunión para discutir posibles modificaciones al decreto en cuestión.
Miranda explicó que “hoy hemos convocado una reunión para conformar una comisión que analizará si amerita o no una modificación del Decreto Municipal 233”.
Control social sin restricciones
El funcionario aclaró que no existe ningún tipo de restricción en las funciones de los miembros de la asamblea. Estos pueden ejercer control social sin limitaciones.
La reunión se llevó a cabo en la Dirección de Desarrollo Organizacional. El objetivo fue aclarar dudas sobre el alcance de la normativa y la administración de los recursos públicos destinados al control social.
Recursos y administración
Según la Ley Nacional de Participación y Control Social (Ley 341), los recursos son administrados por el Órgano Ejecutivo. Sin embargo, esto “no implica obstaculizar el trabajo de la asamblea”, enfatizó Miranda.
El encuentro también sirvió para revisar aspectos internos de coordinación que podrían mejorarse. Esto incluye la gestión de solicitudes de materiales y la organización de eventos.
Derecho de la sociedad civil
A pesar de las críticas, Miranda reiteró que estas situaciones no afectan el derecho de la sociedad civil a ejercer control sobre la gestión pública municipal.
El jefe de la Unidad de Transparencia subrayó que cualquier modificación al decreto deberá cumplir con los lineamientos establecidos por la Ley 341 a nivel nacional.
Plazo para el informe
La comisión designada tendrá hasta el 20 de noviembre de 2025 para presentar un informe técnico y legalmente válido sobre posibles ajustes al decreto.
Finalmente, Miranda rechazó de manera categórica la idea de que la normativa haya sido elaborada a medida de algún funcionario. Enviando un mensaje a la ciudadanía, afirmó: “Nuestro compromiso es garantizar que el control social se realice de manera transparente y efectiva. No es correcto difundir información que sugiera que se limita esta función”.
Con esta acción, el GAMO busca despejar dudas y reafirmar su compromiso con la participación ciudadana y la fiscalización de la gestión pública.
