Tras el anuncio del Presidente Rodrigo Paz sobre presuntos hechos de corrupción que superarían los 15,000 millones de dólares, la senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ana Crispín, afirmó este lunes 17 de noviembre que el Legislativo debe trabajar en una normativa más estricta que permita sancionar estos hechos y recuperar los recursos.
Crispín señaló que corresponde indagar las irregularidades detectadas por los ministerios y establecer responsabilidades. Indicó que las sanciones actuales son principalmente administrativas y que pocas llegan al ámbito penal, por lo que consideró necesario modificar la normativa vigente.
La senadora sostuvo que el Legislativo solicitará informes técnicos para verificar la información expuesta por el Presidente y evaluar las acciones correspondientes.
Alertas migratorias para exautoridades
El diputado del PDC, Manolo Rojas, también se refirió al anuncio presidencial. Aseguró que desde la Comisión de Justicia se solicitaron alertas migratorias para exautoridades presuntamente vinculadas a los hechos. Además, adelantó que se buscará modificar la ley para que estas medidas sean activadas de manera obligatoria para funcionarios que dejan el cargo.
Rojas señaló que los procesos penales deben ir acompañados de mecanismos para recuperar los recursos perdidos.
Iniciar procesos de forma inmediata
Por su parte, el diputado de Alianza Libre, Edgar Zegarra, coincidió en la necesidad de iniciar procesos de forma inmediata. Afirmó que en las provincias no se evidenció que los recursos hubieran beneficiado a la población y que fueron dirigidos a grupos que se consolidaron económicamente durante los últimos años.
Zegarra consideró que los responsables deben rendir cuentas y responder ante la justicia.
Posible daño económico
El Presidente Paz informó el domingo 16 de noviembre que las primeras investigaciones de su Gobierno revelan un posible daño económico de 15,000 millones de dólares, con montos que podrían aumentar conforme avancen las revisiones.
Mencionó la compra de 9 radares que no funcionaron por más de una década y reiteró que su gobierno no encubrirá a nadie, garantizando que las denuncias serán sustentadas antes de ser remitidas a la justicia.
