Un violento conflicto por la posesión de una veta de recursos naturales en el límite territorial de los municipios de Independencia y Tapacarí (Cochabamba) escaló trágicamente, dejando como saldo un muerto y al menos seis personas heridas de bala, según reportes preliminares.
El enfrentamiento armado se registró ayer, martes 11 de noviembre, y pone en evidencia la tensión latente en la región por la explotación de recursos dentro de jurisdicciones en disputa.
El conflicto se reactivó con una convocatoria de los comunarios de Icolla, pertenecientes al municipio de Independencia. Según el abogado Gabriel Rosas, representante de una de las partes, los comunarios se dirigieron a la comunidad de Villa Pereira (Tapacarí) para hacer valer su derecho sobre la veta en disputa.
Rosas señaló que la acción se sustenta en fallos legales que, aparentemente, no han sido respetados. El jurista indicó que existe una sentencia constitucional del Tribunal Agroambiental y una resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que respaldan la pertenencia de la veta a la jurisdicción de Independencia.
Según el abogado, la veta en cuestión se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción marcada por dichas instancias, pero prácticamente es “compartida” por ambos municipios, lo que ha exacerbado la disputa por el control de la explotación.
La confrontación por el control de la veta escaló a niveles críticos cuando los pobladores se enfrentaron. Los reportes indican que la disputa derivó en el uso de armas de fuego, resultando en la muerte de una persona y al menos seis heridos con proyectiles.
La Policía y las autoridades locales aún no han emitido un informe oficial que identifique a las víctimas ni el número exacto de heridos, pero la violencia del incidente resalta la dificultad de gestionar los límites territoriales y los recursos naturales en Bolivia, donde las disputas por minerales o tierras a menudo se resuelven con métodos violentos ante la ausencia de una delimitación y aplicación legal claras.
Se espera la intervención inmediata del Ministerio Público y las fuerzas de seguridad para pacificar la zona, realizar el levantamiento legal del cadáver y dar con los responsables del uso de armas de fuego en el conflicto.
