Oruro

Nueva Asamblea analiza revisar el PGE 2026 ante elevado gasto corriente

El diputado Carlos Alarcón es uno que observa el PGE 2025 / LA PATRIA
Carlos Alarcón y Rafael López cuestionan la finalidad del gasto corriente en la propuesta para el próximo año. ¿Qué cambios podrían sugerirse desde la nueva comisión económica?

El Presupuesto General del Estado (PGE) para 2026, que ha sido elaborado por el gobierno de Luis Arce, establece que el 64% de los recursos se destinará a gasto corriente. Esta cifra ha generado críticas y podría ser objeto de revisión por parte de la nueva Asamblea Legislativa, según lo indicado por el diputado de Unidad, Carlos Alarcón, y el jefe de bancada de Libre, Rafael López.

Según el informe del Ministerio de Economía, el presupuesto consolidado alcanza un total de 298.332 millones de bolivianos. De esta cantidad, 190.799 millones se asignan a gasto corriente, 40.284 millones a gasto de capital y 67.249 millones a uso de fondos. Este monto representa un incremento del 9,5% en comparación con la gestión anterior, un aumento que se debe principalmente a los mayores costos en la importación de combustibles.

Críticas al gasto corriente

Alarcón ha manifestado que el nuevo Legislativo debe dar señales de cambio y no repetir un presupuesto que considera “caduco y decadente”. “Este presupuesto rige para 2026, y sería importante enviar una señal nueva al país, con un presupuesto que sirva realmente a los bolivianos”, afirmó.

El jefe de la bancada de Libre, Rafaél López / LA PATRIA

Opiniones de los legisladores

Por su parte, López ha calificado como “absurdo” el nivel de gasto corriente y ha indicado que la comisión económica será la encargada de evaluar y sugerir modificaciones al presupuesto. “Vemos que es excesivo el gasto corriente. Ojalá se pueda reducir. Las comisiones correspondientes deberán hacer la evaluación, los análisis y los ajustes que sean necesarios”, expresó.

Desglose del gasto corriente

El gasto corriente del PGE 2026 incluye 53.702 millones de bolivianos destinados al pago de sueldos, 22.525 millones a la amortización de la deuda pública y 78.439 millones a la adquisición de bienes y servicios, según los datos proporcionados en el documento presupuestario.


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