La Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), ha presentado una propuesta al nuevo Gobierno de Bolivia para abordar el problema del hacinamiento carcelario. La idea es utilizar la mano de obra calificada de los propios reclusos en la construcción y ampliación de nueva infraestructura penitenciaria.
De acuerdo con el organismo, esta iniciativa no solo tiene como objetivo mejorar las condiciones dentro de las cárceles y fomentar la reinserción social, sino que también podría generar un ahorro significativo de hasta $us 9 millones por cada centro penal construido.
Objetivo de la propuesta
Juan Ledezma, jefe del MNPT de la Defensoría, explicó que el propósito principal es evitar proyectos que impliquen altos costos para el Estado. “Nuestras cárceles están saturadas. Lo que pedimos es empezar a construir nueva infraestructura sin que demande proyectos millonarios (…) pasaría de una inversión estimada de $us 10 millones a solo $us 1 millón por centro penitenciario”, afirmó Ledezma en una entrevista con la Red Uno.
El funcionario detalló que el costo se reduciría drásticamente porque el gasto principal se destinaría a materiales y supervisión técnica. Esto es posible gracias a que hay una gran cantidad de reclusos que cuentan con oficios como albañiles, plomeros, electricistas, arquitectos e ingenieros. Estos reclusos tendrían la oportunidad de reducir sus penas a cambio de su trabajo en las obras.
Problema del hacinamiento
Ledezma alertó que el hacinamiento es un problema crónico en el país, con recintos que llegan a duplicar o quintuplicar su capacidad instalada. Esta situación se convierte en un caldo de cultivo para la violencia y los conflictos internos dentro de las cárceles.
La propuesta de la Defensoría busca, por un lado, reducir costos para el Estado y, por otro, mejorar las condiciones de vida y seguridad dentro de los recintos. Además, se pretende promover la reinserción social al ofrecer a los privados de libertad una ocupación digna y técnica.
Necesidad de una política integral
El jefe del MNPT subrayó que, además de la construcción de nuevas infraestructuras, es urgente que el nuevo Gobierno implemente una política de redistribución y separación dentro de las cárceles. Esto es parte de una gestión penitenciaria integral que se necesita con urgencia en el país.
