A seis años de la crisis poselectoral que dejó decenas de víctimas, la Defensoría del Pueblo ha publicado un nuevo informe. Este documento concluye que el Estado boliviano no ha cumplido con su deber constitucional e internacional de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en 2019. En particular, se hace énfasis en los casos de Sacaba y Senkata.
El organismo defensorial señala que hay “omisiones, dilaciones e inacciones institucionales” que están generando un grave “riesgo de impunidad” en estos procesos. Esto podría llevar a que Bolivia enfrente responsabilidades internacionales por violaciones a la Carta Americana de Derechos Humanos.
Los procesos ordinarios relacionados con las muertes en estas localidades, donde se registraron 37 fallecidos en total, fueron anulados por la Justicia. Esta determinó que la expresidente Jeanine Áñez debe ser procesada a través del juicio de responsabilidades, lo que ha causado un estancamiento en la vía penal ordinaria.
Muertes en Montero sin sanción
El informe también destaca que las muertes ocurridas en Montero siguen sin recibir sanción. En el caso de la quema de los domicilios de Waldo Albarracín Sánchez y Casimira Lema, la Defensoría ha registrado que el primer caso avanzaba en juicio oral sin una sentencia firme hasta septiembre. Por otro lado, el caso de Lema fue cerrado con una resolución de rechazo.
Este proceso ha sido identificado como el “con mayor retraso en el cumplimiento de los plazos procesales”, y todavía se encuentra en etapa preliminar.
Recomendaciones para combatir la impunidad
Para ayudar a destrabar los procesos y combatir la impunidad, la Defensoría ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a las altas instancias judiciales y ejecutivas. Sugirió que el Fiscal General inicie de manera inmediata la presentación formal de la proposición acusatoria ante la Asamblea Legislativa Plurinacional por los casos de Senkata y Sacaba.
Además, recomendó iniciar acciones disciplinarias contra fiscales y jueces involucrados en los casos de Senkata y Sacaba por presunto incumplimiento de deberes y falta de control jurisdiccional efectivo.
Acciones de satisfacción simbólica
Asimismo, la Defensoría instó al Estado a cumplir con las acciones de satisfacción simbólica y las garantías de no repetición. Esto incluye la construcción de las Casas de la Memoria comprometidas y la realización de disculpas públicas institucionales a todas las víctimas.
El informe, que da seguimiento a las recomendaciones previas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Mesa de Seguimiento, reitera la necesidad de garantizar los pilares de verdad, reparación y justicia para las víctimas de 2019.
