Por: Melody Jiménez López, abogada constitucionalista, experta en desarrollo sostenible y gestora cultural
En los últimos días se abrió un debate en torno al proyecto DA_4_11_01 de la OMPI, cuyo protagonista es el Carnaval de Oruro y que evidenció una preocupante falta de transparencia institucional por parte del nivel central del Estado y una tendencia a trivializar asuntos que exigen rigor técnico y responsabilidad pública.
En lugar de atender las observaciones legítimas sobre el proyecto aprobado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), hay voces que prefieren reducir la discusión a un asunto de orgullo regional, restando valor a los fundamentos legales y patrimoniales que sustentan la defensa de esta importante manifestación cultural boliviana. Esa postura, que apela más a la emoción que al análisis, confunde la urgencia de una defensa técnica del patrimonio con una disputa política o personal.
Pero este no es un debate de percepciones, sino de hechos verificables y responsabilidades institucionales. Las autoridades del Ministerio de Culturas, su Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia en Ginebra están a horas de concluir sus funciones este 8 de noviembre y, hasta la fecha, el viceministro Juan Carlos Cordero no ha brindado una explicación pública sobre el análisis, los datos técnicos ni el contexto del proyecto presentado y aprobado en la OMPI en mayo de la presente gestión.
El tema no es menor, simplemente refleja menosprecio y falta de respeto hacia la ciudad de Oruro. Cordero prefiere irse a casa haciéndose el desentendido, quizá pensando que todos creerán que no sabía nada. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz pública una conferencia de prensa del 5 de marzo de 2025, registrada en el enlace https://warmitv.online/ver/10298, donde él hizo una breve referencia al proyecto, utilizando argumentos alejados de la realidad. Nos preguntamos: ¿por qué, a poco de dejar su cargo, insiste en ocultar el documento? Si sabía de su existencia, estamos frente a una reiterada, premeditada y sistemática acción que demuestra su desprecio a la institucionalidad del Carnaval de Oruro.
Esto concuerda con el hecho de que la representante boliviana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Maira McDonald, dependiente de la Cancillería, no podía haber presentado una solicitud de proyecto ante un organismo internacional sin previa coordinación con el órgano rector en materia de patrimonio, que es el Ministerio de Culturas. O sea, se ocultó de forma premeditada el contenido impulsado por intereses contrarios al resguardo de las salvaguardas de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Es importante recordar que, en mayo de este año, todas las páginas oficiales de la Cancillería registraron esta “gran hazaña”. Asimismo, el presidente Luis Arce y el propio Ministerio de Culturas celebraron públicamente la aprobación de la OMPI, demostrando el poder ejercido desde el centralismo en la toma de decisiones, sin importar que existen instituciones específicas encargadas de velar por las salvaguardas necesarias.
Tal proceder evidencia una usurpación de funciones y un incumplimiento de deberes, situación que el nuevo Gobierno deberá investigar y, en su caso, sancionar conforme a la normativa vigente para garantizar que estos atropellos no se repitan.
Debemos ratificar que el proyecto avalado por la OMPI existe y, además, no establece límites claros entre la manifestación cultural reconocida por la UNESCO como patrimonio y las actividades económicas y turísticas derivadas de ella. Al no trazar esa línea, las salvaguardas patrimoniales quedan vulnerables ante interpretaciones que pueden distorsionar la finalidad religiosa, espiritual y devocional del Carnaval de Oruro, exponiendo la peregrinación a observaciones internacionales. Este análisis no es alarmista ni busca protagonismo; se fundamenta en hechos reales, tangibles y verificables.
Con asombro, advertimos que algunas personas ignoran que hablar de salvaguardas patrimoniales no es un tecnicismo para distraer a la población, como insinuaron. Es una obligación técnico-jurídica y un deber de precisión en el manejo del patrimonio. Las salvaguardas son los instrumentos que permiten proteger las manifestaciones culturales frente a usos indebidos, apropiaciones o desnaturalizaciones. Desestimar su importancia equivale a desconocer las convenciones y directrices de la UNESCO, abriendo la puerta a que marcos inadecuados —como los de propiedad intelectual sin límites— terminen aplicándose, desnaturalizando la esencia de la manifestación cultural y comprometiendo su carácter colectivo, intangible, no lucrativo y espiritual.
Por ello, es necesario aclarar que el orgullo y la emotividad no sustituyen la gestión técnica ni el cumplimiento de la norma. Ignorar esto demuestra falta de manejo del tema patrimonial y explica por qué, mientras algunos apelan a lo afectivo restando importancia a lo técnico y lo legal, países vecinos se apropian de nuestro patrimonio registrándolo también como propio.
El patrimonio no se defiende con declaraciones sentimentales ni con 10 minutos de banda en la esquina de la plaza, sino con criterio técnico y respaldo legal, elementos que generan políticas públicas coherentes, conocimiento especializado y acciones concretas y planificadas. Permitir que se equipare una peregrinación espiritual con actividades comercialmente lucrativas —semejantes a un festival de entretenimiento como Cannes en Francia— constituye una grave distorsión del sentido original del Carnaval de Oruro y una amenaza a su autenticidad.
Hasta la fecha, ni el Viceministerio de Culturas ni la Cancillería rindieron cuentas a Oruro sobre las razones por las cuales se ignoró la institucionalidad establecida en la Ley 602, que reconoce como únicos actores legítimos en la gestión del Carnaval a la Asociación de Conjuntos Folklóricos, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y el Comité de Etnografía y Folklore. Tampoco ninguna entidad pública representó este hecho formalmente, conforme a la relación institucional que debe regir en el Estado.
Recordemos que la omisión de estas instancias no solo contradice la normativa vigente, sino que vulnera el principio constitucional y la Ley 530 que imponen al Estado, en sus diferentes niveles, la obligación de proteger y promover el patrimonio cultural de la nación.
Que quede claro que no debería existir oposición al uso de la propiedad intelectual, siempre que se identifique de manera explícita en todo el proyecto OMPI y su campo de aplicación esté circunscrito, técnica y jurídicamente, únicamente a los bienes y servicios turísticos que emergen del Carnaval de Oruro, asegurando la preservación de las salvaguardas de la manifestación en sí misma, que posee el título de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Esto no es un tecnicismo innecesario: la propiedad intelectual debe fortalecer las industrias creativas derivadas del patrimonio, sin invadir el ámbito del patrimonio inmaterial, cuya esencia es colectiva, viva y espiritual.
Por tanto, el nuevo Gobierno deberá revisar integralmente el proyecto gestionado ante la OMPI, realizar su representación junto a la institucionalidad orureña y exigir que se establezcan límites precisos para evitar la superposición de marcos normativos que pongan en riesgo el cumplimiento de las salvaguardas del título de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad del Carnaval de Oruro. De no hacerlo, se dejaría abierta la puerta para que los usurpadores de nuestro patrimonio utilicen esto en su beneficio, poniendo en riesgo dicha declaratoria.
Asimismo, corresponde al Gobierno que asume este 8 de noviembre activar las respectivas investigaciones contra las exautoridades que intervinieron en la aprobación de esta iniciativa, por incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.
Finalmente, recordemos que todo ciudadano boliviano tiene la obligación legal y moral de advertir sobre los riesgos que enfrenta su patrimonio cultural. Esto no es una acción malintencionada, es actuar conforme a la normativa vigente. El Carnaval de Oruro no necesita complacencias ni discursos vacíos: requiere respeto y que el Estado actúe con conocimiento técnico, con legalidad, por su esencia, para que nunca más se confunda una manifestación espiritual, devocional, con un festival de espectáculo comercial y lucrativo.
El silencio y la omisión también generan responsabilidades en las autoridades que minimizan las acciones del viceministro Cordero, quien no cumplió hasta ahora su función de informar y coordinar con Oruro. No se trata de alertas innecesarias, sino de visibilizar las omisiones de quienes, conociendo los hechos, eligen callar.
C. Melody Jiménez López es abogada constitucionalista, experta en desarrollo sostenible y gestora cultural.
Paceña de nacimiento, orureña por herencia y amor.
