La liberación de la expresidente Jeanine Áñez fue dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras anular la sentencia de 10 años en el caso Golpe II. Esta decisión podría dar lugar a una serie de procesos legales contra funcionarios judiciales y del gobierno.
Luis Guillén, abogado de la defensa de Áñez, confirmó que el auto supremo emitido por el TSJ genera una potencial responsabilidad penal para los fiscales, jueces y funcionarios del gobierno de Luis Arce que actuaron como acusadores en este proceso.
El jurista adelantó que el equipo legal de Áñez analizará el grado de responsabilidad individual por los cuatro años y medio de privación de libertad que sufrió su defendida. La defensa está preparada para iniciar acciones por reparación de daños y perjuicios, según informó El Deber.
Acciones por reparación de daños
“Si la exmandataria lo decide u opta, se verá de realizar las acciones correspondientes por reparación de daños, porque fueron más de cuatro años y medio en que se la privó de su libertad y no fue el único derecho del que fue privada”, afirmó Guillén.
El abogado calificó el proceso como una “persecución ilegal y arbitraria” y acusó a jueces y fiscales de “prestarse a estas patrañas” para obtener a la exmandataria como un “trofeo político”.
Auditoría de procesos judiciales
La defensa no solo se enfoca en el caso Golpe II. Guillén extendió su llamado al Consejo de la Magistratura para que realice una auditoría de oficio sobre todos los procesos que enfrentó Áñez, argumentando que se usaron vías incorrectas y elementos que no correspondían a la materia penal.
Decisión judicial reciente
La decisión judicial que desencadena esta posible acción legal se conoció el miércoles 25 de octubre. Romer Saucedo, presidente del TSJ, informó en Sucre que la Justicia resolvió la nulidad de la sentencia de 10 años, lo que llevó a disponer la “libertad inmediata” de la exmandataria.
