La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz han reaccionado de forma contundente ante la decisión de un juez que ordenó la liberación inmediata de Sebastián D. V., principal acusado de la violación de un niño de 12 años en un colegio privado.
El Ministerio Público cuestionó la resolución y exigió explicaciones al juez por no haber sido notificados, así lo reportó El Deber.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, denunció públicamente que ni la Fiscalía ni la parte denunciante fueron notificadas para ejercer oposición en la audiencia constitucional, lo que califica como una grave omisión procesal.
“Hemos tomado conocimiento de manera extraoficial de un fallo de acción de libertad dictada por el juez de Sentencia en lo Penal, mediante la cual se habría dispuesto la libertad del imputado. Llama la atención que, tras activar todos los mecanismos judiciales para su extradición, ahora se lo deje en libertad”, manifestó Zeballos.
La Fiscalía ya presentó un memorial ante el juez Herbert Zeballos Domínguez, del Juzgado de Sentencia Penal de la capital, solicitando que explique, complemente y aclare su decisión, así como las razones por las que se omitió notificar al Ministerio Público, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la parte civil.
El Fiscal General Róger Mariaca se sumó a las observaciones, instruyendo a la comisión de fiscales a revisar a detalle el fallo y coordinar con la víctima para definir los pasos a seguir. La Fiscalía también exigirá al Tribunal de Sentencia la pronta instalación del juicio oral, ya que el caso se encuentra en esta etapa por los delitos de violación a infante, niña, niño o adolescente y corrupción de menores.
La decisión del juez Zeballos, emitida el 1 de noviembre, revierte la detención preventiva que pesaba sobre Sebastián D. V. desde el 3 de abril, un día después de su llegada al país.
Sebastián D. V. había huido de Bolivia en 2023 para evadir la investigación tras la denuncia ocurrida en junio de 2023, un caso que conmocionó a Santa Cruz. Fue capturado en España en agosto de 2024 y su extradición a Bolivia fue un proceso legal complejo y costoso para el Estado.
La presunta agresión sexual involucra a un estudiante de 12 años que fue víctima de violación durante dos meses, presuntamente a manos de al menos cinco compañeros que utilizaban máscaras para cometer los abusos.
Mientras la Fiscalía insiste en continuar el proceso hasta una sentencia definitiva, el fallo que ordena su libertad desata gran preocupación entre la parte denunciante y la sociedad cruceña.
