El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, anunció este lunes 3 de noviembre de 2025 que promoverá la anulación de la Ley de Diferimiento de Créditos, que fue recientemente sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Rojas advirtió que esta norma pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero y podría tener un impacto negativo en la economía nacional.
Falta de consulta previa
Según el legislador, la norma fue aprobada sin consultar previamente a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), lo que evidencia una falta de coordinación institucional.
“La solución del diferimiento es absurda. Tenemos la mala costumbre de creer que una prórroga es un perdón, pero al final el prestatario termina pagando más intereses y los bancos enfrentan pérdidas que afectan a todos”, afirmó Rojas ante los medios locales.
Detalles de la ley aprobada
El proyecto aprobado por la ALP establece un periodo de 6 meses de diferimiento en los pagos de créditos de vivienda social y préstamos para microempresas. Esta medida ha sido criticada por entidades financieras y empresarios, quienes consideran que podría desincentivar el cumplimiento de las obligaciones crediticias.
Rojas sostuvo que la iniciativa fue impulsada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) “para generar un caos económico deliberado y dejar un país en llamas”. Además, señaló que trabajó durante el feriado de Todos Santos en la redacción de una norma alternativa.
Propuesta de ley alternativa
“Haré una ley en contra del diferimiento, porque es una afrenta a la economía”, declaró el parlamentario. Indicó que ya ha comenzado conversaciones con otros legisladores de su bancada para promover la abrogación de la ley.
Rojas expresó su intención de que esta nueva ley sea “la ley más corta en la historia del país”. Según él, el Gobierno debe establecer un acuerdo con el sistema financiero para garantizar la estabilidad y evitar perjuicios a los prestatarios.
Modificaciones necesarias en otras leyes
En relación a la Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina, que fue impulsada por el Comité Cívico pro Santa Cruz, Rojas afirmó que también requiere ajustes. Planteó una acción popular para modificarla, argumentando que contiene “vacíos legales” y contradicciones con otras normativas, como la Ley 1008.
“Debemos mejorarla. Eso pasa cuando las cosas se hacen rápido: salen mal, y eso es muy peligroso”, agregó Rojas, quien adelantó que en los próximos días presentará, junto a representantes del transporte, una propuesta para modificar la regulación de importación de combustibles.
