El vicepresidente electo Edmand Lara anunció este domingo 2 de noviembre que solicitará la anulación del decreto que permite el pago del “bono navideño” a los funcionarios públicos, que en realidad es un fondo social destinado a los servidores públicos. Además, adelantó que se llevarán a cabo auditorías e investigaciones sobre posibles irregularidades relacionadas con el adelanto de este beneficio en diversas instituciones estatales.
Lara indicó que propondrá al presidente electo Rodrigo Paz la emisión de un nuevo decreto que anule la disposición vigente. Argumentó que los funcionarios públicos ya reciben un aguinaldo de fin de año y que, en el actual contexto económico, no es apropiado otorgarles un beneficio adicional.
“Si existe un decreto que otorga un bono navideño a los funcionarios públicos, como decreto mata decreto, hay que hacer otro decreto. Sugerirle a Rodrigo Paz que con otro decreto deje sin efecto ese decreto que les da ese bono navideño a esos funcionarios públicos que no deberían recibirlo, porque tienen aguinaldo. Además, sus sueldos son bastante elevados”, manifestó Lara, según lo citado por Visón 360.
Irregularidades en el Ministerio de Justicia
El tema cobró relevancia luego de que el vicepresidente electo denunciara el pasado viernes 31 de octubre que en el Ministerio de Justicia se estaría adelantando el pago del bono navideño, lo que calificó como un incumplimiento de la normativa vigente. Según Lara, esta situación no es aislada, sino que también se ha presentado en otras carteras de Estado.
Afirmó que tuvo acceso a documentación que indica que en todos los ministerios del actual gobierno se asignaron a fin de año vales por un monto de 1.000 bolivianos para supermercados.
Financiamiento del bono navideño
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, explicó que el bono navideño se financia con los descuentos aplicados a los funcionarios que se retrasan o no asisten a su lugar de trabajo. Al respecto, Lara cuestionó que esos recursos se utilicen nuevamente para beneficiar a los mismos trabajadores sancionados.
“Si se le descuenta a un funcionario público por retraso o por no asistir a su fuente laboral, ¿por qué esa plata se le tiene que volver a regalar a fin de año? Si no fue a trabajar, si llegó tarde y se le descuenta, esa plata no debe volver al funcionario público. ¿Por qué se le tiene que dar ese premio a un funcionario que no va a trabajar o que llega tarde?”, afirmó.
Auditorías y procesos administrativos
Lara anunció que se ordenarán auditorías para identificar los casos en los que se haya adelantado el pago del bono, y advirtió que se iniciarán procesos administrativos contra los responsables.
“A todos aquellos que se han adelantado el bono navideño, sobrepasando la normativa y teniendo en cuenta que no es todavía diciembre, vamos a hacer una auditoría y vamos a iniciar procesos”, declaró.
Decreto supremo 27886
Según el decreto supremo 27886 de diciembre de 2004, se establece un fondo social para los funcionarios, con recursos provenientes de multas y sanciones internas, que debe ser administrado por los mismos trabajadores.
“Los recursos económicos que se recauden por concepto de multas, atrasos y otras sanciones disciplinarias serán depositados en un Fondo Social a favor de los trabajadores, los cuales estarán a cargo de las Direcciones Administrativas de cada Institución, procediendo estas a reglamentar su utilización”, señala el artículo único de la norma.
La mayoría de las instituciones del Estado distribuyen los recursos a fin de año, aunque no se trata específicamente de un bono navideño; en muchos casos, lo recaudado se entrega en especie, es decir, en productos o como vales para supermercados.
