El Estado boliviano no ha logrado avanzar de manera significativa en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas recomendaciones están relacionadas con la reparación a las víctimas y la investigación de las graves vulneraciones a derechos humanos que ocurrieron durante la crisis de 2019.
De acuerdo con el último informe de la Plataforma de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, presentado en octubre de 2025, de las 36 recomendaciones del GIEI, solo 4 han sido efectivizadas en casi 5 años del mandato del gobierno saliente.
La CIDH ya había señalado en su primer informe de diciembre de 2023 que el avance en este tema era escaso. Esta preocupación fue reiterada por el relator para Bolivia de la CIDH, José Luis Caballero, quien en 2023 recomendó la creación de una ley para resarcir daños a las víctimas.
Falta de avances en la ley
El proyecto de Ley de Reparación Integral no ha tenido avances “plausibles” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Además, los actos de reconocimiento público se han centrado únicamente en los hechos de Sacaba y Senkata, dejando de lado otras graves vulneraciones que han ocurrido en el país.
El Ministerio Público no ha progresado lo suficiente en la formación de grupos de trabajo especializados con fiscales dedicados exclusivamente a estos casos, tal como recomendaba el GIEI. También ha sido difícil medir el avance en la revisión de casos que ya han sido cerrados o que están en curso.
Normativa sin aplicación práctica
A pesar de que se han aprobado guías y protocolos, no se puede identificar una aplicación práctica de este marco normativo en los casos de violencia sexual y de género que se cometieron en 2019.
Las Fuerzas Armadas (FFAA) y otras instituciones no han brindado la colaboración necesaria para esclarecer la verdad, especialmente en lo que respecta a la remisión de documentación sobre la planificación y ejecución de operativos.
Control judicial ausente
No hay información que demuestre que el Órgano Judicial esté realizando un control permanente sobre la celeridad de las investigaciones, lo que es fundamental para garantizar el debido proceso. Esta es otra recomendación central que no se ha cumplido.
El incumplimiento de las recomendaciones se ve agravado por recientes decisiones judiciales. El procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió que las últimas resoluciones que favorecieron a exlíderes cívicos como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, así como a la expresidente Jeanine Áñez, podrían generar responsabilidad internacional para el Estado por no cumplir con el informe del GIEI.
Avances limitados
De las 36 tareas recomendadas, solo 4 han tenido avances significativos. Estas incluyen la creación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg), la presentación de un plan de reparaciones a las víctimas, la realización de un foro sobre racismo y perspectiva de género, y la derogación del Decreto de Amnistía e Indulto N° 4461, que dejó sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
El informe de la Plataforma, ante la falta de información pública oficial, destaca que el nuevo gobierno que asuma la próxima semana, liderado por Rodrigo Paz, y los nuevos legisladores, deberán definir una postura y acciones urgentes para avanzar en la justicia y reparación a las víctimas de la crisis de 2019.
