El fallecimiento del exjuez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, en un aparente “homicidio-suicidio” en el marco del polémico “Caso Consorcio”, ha desatado una guerra de declaraciones entre dos figuras clave: la exvocal Claudia Castro y la abogada de la familia del exjuez, Suleika Lanza.
Según información publicada por El Deber, ambas se señalan mutuamente como responsables indirectas o cómplices de los hechos que rodearon la tragedia. Las acusaciones se centran en el presunto acoso y manipulación que presuntamente orilló a Lea Plaza a atentar contra su vida.
La exvocal, que actualmente cumple detención preventiva, afirma ser víctima de una “confabulación” orquestada por el jurista Eduardo León.
Sostiene que Suleika Lanza, pareja de León, fue quien orilló a Lea Plaza a quitarse la vida.
Según Castro, el exjuez pretendía “decir la verdad” y declararla a ella libre de participación en el Caso Consorcio, y que esa intención provocó las acciones de Lanza.
Por su parte, Lanza calificó a Castro como una persona “sin credibilidad”. La abogada recordó que existen fuertes indicios que implican a la exvocal y otros involucrados en las presiones contra Lea Plaza.
En ese sentido,señaló que Castro y otros implicados habrían usado a funcionarios de Régimen Penitenciario para agredir y amenazar a Lea Plaza en la cárcel de San Pedro, obligándolo a cambiar su declaración para librar de responsabilidad al exministro de Justicia, César Siles, y a la propia Castro.
Suleika reveló los elementos que sustentan las acusaciones de presión y coordinación entre exautoridades. Por lo tanto, remarcó la existencia de mensajes de texto entre Castro y Lea Plaza que evidenciarían que fue la exvocal quien redactó la resolución del caso, e incluso le envió las correcciones presentadas por la defensa de la magistrada Fanny Coaquira.
Lea Plaza había revelado previamente a la Fiscalía el audio de una llamada con una voz atribuida a César Siles, donde presuntamente le prometían protección ante procesos penales o represalias a cambio de su cooperación.
En dicha conversación, Siles habría afirmado que toda la operación estaba coordinada con fiscales, el magistrado suplente Iván Campero y el entonces presidente del TDJ, Yván Córdova.
En medio de este torbellino, el “testigo clave” en los casos de presunto golpe de Estado I y II, Antonio de la Fuente, quien a su vez está prófugo en el Caso Consorcio, se declaró a El Deber el principal afectado por la muerte del exjuez.
“Lamento mucho por lo que pasó en el señor juez, pero creo que yo soy el más perjudicado con su muerte, porque él tenía que declarar en mi favor”, afirmó De la Fuente.
El prófugo sostiene que Lea Plaza iba a declarar que no se conocían y que él no presentó la acción de cumplimiento que originó la polémica, alegando que su firma fue adulterada y que no fue notificado debidamente.
De la Fuente, con un historial de denuncias por estafa y extorsión, declaró temer por su vida, por lo que se mantiene oculto. Sin embargo, afirmó estar dispuesto a declarar de forma virtual si el fiscal a cargo lo solicita.
La controversia del Caso Consorcio se originó en la acción de cumplimiento que buscaba la suspensión de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
De la Fuente había contratado al abogado José Ramiro Uriarte para redactar la acción de cumplimiento.
Ahora, el prófugo niega haber presentado dicho documento y exige un análisis grafológico de la firma.
Acusa a Uriarte de redactar el texto sin mostrarle el contenido y asegura que no fue notificado para la audiencia virtual donde Lea Plaza emitió el fallo a su favor.
