El saneamiento de tierras en Bolivia se encuentra en una nueva etapa de parálisis. Según información del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), hay 6,6 millones de hectáreas que aún necesitan ser regularizadas. Esta tarea debía completarse en 2025, pero ha sido obstaculizada por la falta de consenso político en la Asamblea Legislativa.
Conflictos políticos y financiamiento
El director del INRA, Eulogio Núñez, comentó que el estancamiento se debe al bloqueo entre el ala evista del MAS y la oposición. Este conflicto impidió la aprobación de un crédito de 40 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es fundamental para financiar la última fase del saneamiento. “Estamos hablando de 6,6 millones de hectáreas que quedan pendientes de saneamiento”, afirmó Núñez durante una conferencia de prensa en Sucre.
La negativa al préstamo se registró el 13 de septiembre de 2024 en la Cámara de Diputados, lo que frustró el avance del Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable. Este programa busca fortalecer la gestión territorial, garantizar la seguridad jurídica y promover el desarrollo rural. El proyecto de ley 342/2024-2025, que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5865/OC-BO, fue reenviado por el Ejecutivo en enero de 2025, pero hasta el momento no ha sido considerado en el pleno legislativo, según reportó El Deber.

Impacto del impasse político
El impasse político tiene consecuencias concretas. Sin financiamiento, el INRA enfrenta serias dificultades para cubrir los costos logísticos y técnicos del saneamiento. Estos costos incluyen relevamientos topográficos, validaciones legales y la emisión de títulos.
Núñez advirtió que la meta del gobierno de concluir el proceso este año podría verse postergada. Además, hizo un llamado a los futuros legisladores para que retomen el tema: “Esperamos que los nuevos diputados y senadores viabilicen el contrato y se concluya con el saneamiento de tierras”.
Datos sobre el saneamiento de tierras
De acuerdo con datos oficiales, hasta la fecha se ha regularizado el derecho propietario de 8 millones de hectáreas. Se han emitido alrededor de 250,000 títulos y resoluciones finales, beneficiando a más de 429.000 personas. Sin embargo, el 20% del territorio productivo del país aún no ha consolidado su situación jurídica.
El proceso de saneamiento de tierras, que comenzó hace más de 20 años, es una de las políticas más complejas del Estado boliviano. Su avance irregular ha generado tensiones entre comunidades indígenas, campesinas y empresarios privados. Además, ha provocado conflictos por la superposición de derechos y la falta de un catastro actualizado.
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