El sector del transporte federado de Oruro ha manifestado su rechazo a la Ley Corta Excepcional y Transitoria, que busca garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina. Esta ley fue promulgada el lunes por el Presidente Luis Arce. Los representantes del sector argumentan que la normativa es insuficiente y que su vigencia temporal no aborda los problemas estructurales del abastecimiento de combustibles en el país.
Reacciones del sector transporte
Lucio Méndez, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Chóferes “San Cristóbal”, expresó que la principal crítica se centra en la duración de la medida, que establece un régimen excepcional de solo 3 meses. A su juicio, esta temporalidad “no responde a la magnitud de la crisis de combustibles que atraviesan los sectores productivos y del transporte”.
“Estamos preocupados porque esta ley solo tiene carácter temporal. No se puede resolver un problema nacional con una norma que apenas durará 3 meses. El Gobierno debe pensar en medidas sostenibles que garanticen el abastecimiento de diésel y gasolina a largo plazo”, afirmó Méndez.
Detalles de la Ley Corta
La Ley Corta fue impulsada inicialmente por el Comité pro Santa Cruz y aprobada por la Asamblea Legislativa la semana pasada. Esta normativa autoriza de manera excepcional la importación y comercialización de combustibles por parte del sector privado. Además, elimina algunos requisitos técnicos y administrativos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de la Aduana Nacional, con el objetivo de agilizar el suministro en situaciones de emergencia.
Según el texto promulgado, la ANH deberá otorgar en un plazo máximo de 48 horas una Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (Leidd) a las estaciones de servicio que estén interesadas. También se establece que las empresas privadas podrán vender carburantes a precio diferenciado si Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no cubre la totalidad de la demanda nacional.
Preocupaciones sobre precios
A pesar de las disposiciones de la ley, Méndez y otros representantes del transporte están preocupados por la posibilidad de que esta medida genere desigualdades en los precios y afecte directamente al consumidor final.
“Nos preocupa que al permitir precios diferenciados se abra la posibilidad de especulación o abuso. El transporte depende del combustible y cualquier variación impacta de inmediato en nuestra economía”, advirtió el dirigente.
Próximas acciones del sector
El sector de los chóferes federados ha anunciado que en los próximos días convocará a una reunión ampliada para analizar los alcances de la normativa y definir una posición institucional frente al Gobierno central. Mientras tanto, han solicitado al Ministerio de Hidrocarburos una explicación técnica detallada sobre cómo se garantizará el suministro sin perjudicar al transporte público y de carga.
Tensión entre el Gobierno y el transporte
Con este nuevo episodio, la tensión entre el Ejecutivo y los gremios del transporte vuelve a aumentar. Esto ocurre en medio de una coyuntura marcada por la escasez intermitente de diésel y gasolina en distintas regiones del país, una situación que afecta directamente la economía local y el costo del transporte urbano y departamental.
